La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nasheli Ramírez, aseguró los seis albergues operados por la sociedad civil y el ubicado en la alcaldía Tláhuac están rebasados en 400 por ciento de su capacidad.
Durante un diálogo con diputados del Congreso de la Ciudad de México, la funcionaria capitalina afirmó que se prevé que la llegada de migrantes a la capital del país siga en aumento.
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Consideró urgente que en el corto plazo se implemente más infraestructura operada desde el gobierno capitalino para darles “primera acogida”, para evitar los conflictos con los vecinos y dar dignidad a los migrantes.
Sin embargo, expuso que a largo plazo se requieren programas de inserción social, para darles trabajo.
Al iniciar la ronda de intervenciones, la diputada Xóchitl Bravo expresó su apoyo para impulsar desde el Congreso local las reformas necesarias para generar el marco jurídico que garantice los derechos de todas y todos.
El legislador José Martín Padilla indicó que la ejecución del gasto en la dependencia ha sido responsable y con austeridad; pidió precisar los datos del arrendamiento de un inmueble para guardar archivos y la posibilidad de alguna medida que evite ese gasto; y reconoció la alta capacitación del personal.
La diputada del PRI, Mónica Fernández informó que al 31 de octubre la Comisión de Derechos Humanos local no cuenta con recursos disponibles en ningún capítulo de gasto, sin embargo se registraron recursos para aguinaldos, impuestos sobre nómina, pago de servicios de vigilancia, entre otros, por ello, pidió conocer por qué no se reportaron estos recursos como disponibles, esto afirmando que, aunque estén comprometidos todavía están listos para solventar compromisos.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Gabriela Salido Magos cuestionó cuál ha sido la participación de la CDHCM en la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México; si ha habido observaciones, qué aportaciones se han hecho y qué medidas se toman en consideración para comprobar el cumplimiento de los instrumentos de planeación.
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Nashieli Ramírez, detalló que cuatro recomendaciones del 2022 han sido rechazadas, tres de ellas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, relacionadas con tortura y una más, por el Servicio de Transportes Eléctricos.
Agregó que este año están en proceso siete recomendaciones, pero entre las que más preocupan es la 6/2023 relacionada con violencia obstétrica, la cual está en reconsideración, así como la muerte de un estudiante del Instituto Politécnico Nacional, en la que se encuentran varias instancias involucradas; sin embargo, la Agencia de Protección Sanitaria no ha querido aceptar dicha recomendación.
Asimismo, expresó su preocupación para cumplir con lo establecido en la Ley de Archivos de la Ciudad de México, en el sentido de que no pueden deshacerse del archivo físico en materia de violación a los derechos humanos, y en la actualidad, dijo, erogan 51 mil 500 pesos mensuales en la renta de un espacio para albergar toda la documentación que se tiene.
“Que nos apoyen en la modificación de esta normativa para hacerla acorde a la Ley General de Archivos, que determina que se tiene que conservar en papel las violaciones graves a los derechos humanos”, aseveró.
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HCM