Tras darse a conocer que, en el municipio de Cuerámaro, un anexo era utilizado por grupos criminales para reclutamiento forzado, la regularización y operativos a dichos establecimientos se ha puesto nuevamente en la mira.
De acuerdo a la exposición de motivos de una iniciativa de Morena en el congreso del estado el 20 de octubre del 2022, basada en información de la Secretaría de Salud estatal, en Guanajuato existen 286 anexos y solo 24 operan en la regularidad, esto representa apenas el 8 por ciento del total.
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Así mismo, en Guanajuato la Secretaría de Salud ubica por lo menos 250 centros de rehabilitación, de los cuales únicamente 13 cumplen las normas.
A nivel nacional, el panorama de clandestinidad e irregularidad se repite, pues de acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) hay aproximadamente 3 mil centros de rehabilitación en todo el país y solo 400 cuentan con sus permisos y documentación en regla.
En dicho sentido, actualmente en el congreso local se analiza una iniciativa que fue presentada por la diputada Alma Alcaraz, que tiene como finalidad el reformar la Ley de Salud estatal con la finalidad de dar certeza jurídica a dichos establecimientos, especificando los requisitos que deben de cumplir para su funcionamiento, además de establecer la facultad y obligación de las autoridades locales y municipales a vigilar que no existan anexos clandestinos.
Los motivos para entrar de lleno a la regulación de anexos y centros de rehabilitación del estado sobran, pues aunado a la liberación de las 36 personas privadas de la libertad por un grupo delictivo en el citado anexo de Cuerámaro, el 16 de mayo del 2023 se registró un ataque armado al interior de un anexo irregular ubicado en el municipio de Celaya, denominado 'Milagros Centro de Rehabilitación', ubicado en la calle 'Lago de la Esperanza' número 111 de dicho municipio, el cual operaba de manera irregular, pues no contaba con permiso ni registro, en el lugar cuatro internos quedaron heridos.
FGAV