Funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), participaron activamente con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno de Tlaxcala y de la Guardia Nacional (GN) en la implementación de un operativo anti migrantes.
Este tuvo el objetivo de desplegar elementos con unidades para ubicar y asegurar indocumentados en el municipio de Apizaco, este coincidió con la llegada de dos trenes provenientes de Veracruz.
Hasta el momento se desconoce si el acto de autoridad mencionado se desarrolló con la observancia de personal o algún representante de organismo garante de Derechos Humanos, a efecto de vigilar que no se violen las garantías elementales de los migrantes; de los que tampoco hay datos precisos en cuanto al número de asegurados, su género y edades, así como sus condiciones de salud y su lugar o país de origen.
Cabe mencionar que, en la semana pasada después de un llamado de auxilio del personal de Ferrosur, autoridades federales aseguran a un centenar de migrantes en la estación del ferrocarril en Apizaco, Tlaxcala.
Los hechos se registraron sobre el bulevar Emilio Sánchez Piedras, donde les pidieron que bajaran del ferrocarril, para ser puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para repatriarlos a su lugar de origen.
Esto provocó la reacción de los representantes del albergue “La Sagrada Familia”, la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Tlaxcala, un Mundo Una Nación A.C., quienes lamentaron la actuación del gobierno mexicano en la detención de un grupo de más de 100 personas migrantes en Apizaco y demandaron la investigación de este hecho para verificar si fue realizada conforme a derecho.
Los activistas recordaron que la pobreza económica “que enfrenta gran parte de la población en Centroamérica, se agravó en el último año por la crisis resultante de la pandemia de Covid-19, aunado a la devastación causada por los huracanes Eta y Iota”.
AFM