El "pueblito" con habitaciones para personas privadas de la libertad que estaba al interior del penal de San Miguel fue financiado con recursos ilegales por los ex secretarios de Seguridad Pública (SSP) de administraciones pasadas y por criminales que ahí se alojaban, aseguró el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
El mandatario comentó en conferencia de prensa que ex funcionarios de SSP y mandos al frente del penal de San Miguel se coludían con personas privadas de la libertad (ppl) para generar ganancias mediante la renta de 104 cuartos, similares a habitaciones de hotel.
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"Los recursos fueron de los encargados de la Secretaría de Seguridad Pública de cada administración a lo largo de muchos años, de los propios delincuentes, ppl's, que coludidos con las autoridades de seguridad pública y de los reclusorios fueron haciendo ese tipo de cosas, lugares de solapamiento, de convivencia ilegal en un reclusorio por años y que los gobiernos se hicieron que no los veían porque recibían beneficios, todos sabían que existía”.
Barbosa ventiló que desde inicio de su gestión, en agosto de 2019, ordenó la demolició de estas construcciones ilegales; sin embargo, los extitulares de la SSP, Raciel López Salazar y Rogelio López Maya, le mintieron afirmando que ya habían sido demolidas pero en realidad recibían parte de los beneficios.
El gobernador sentenció que en los centros penitenciarios de Puebla no se volverá a observar una situación similar como la que tuvo San Miguel, en la que las autoridades mantenían vínculos de corrupción con los presos para obtener beneficios personales.
"Recursos ilícitos, todos ilícitos, se hicieron certificaciones notariales de cómo estaba antes, cómo está hoy, todo, no contarán más en reclusorios del estado con zonas de privilegio, se volvieron zonas de privilegio, ahí a los ppl's famosos les provocaban lo que es posible en ese ambiente, una zona de confort y exclusividad, todo vergonzoso".
AFM