Francisco Javier Rebolledo, juez sexto de distrito en materia administrativa, concedió una suspensión provisional a Monsanto, filial de Bayer, para exentarla del decreto presidencial que busca eliminar en México el uso del glifosato y el maíz transgénico para el 2024.
Por ello, organizaciones integrantes de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País denunciaron que esta suspensión atenta contra el interés general los derechos humanos de la población mexicana a un ambiente sano, a la biodiversidad, a la salud y a una alimentación adecuada, y se privilegian los intereses particulares de la corporación Bayer-Monsanto, comercializadora del herbicida.
“Hacemos un llamado al juez Rebolledo a demostrarle a la nación que no está al servicio de Monsanto rectificando la resolución definitiva que se podría dar en la sesión del lunes 25 de abril”, recalcaron.
En un comunicado, indicaron que, de los 10 amparos admitidos que se conocen hasta ahora, en seis casos la suspensión provisional fue negada, y en dos más, la suspensión definitiva fue negada.
Por otro lado se encuentra la resolución del amparo de Versimex, en la que el argumento para negar la suspensión fue el orden público, es decir, resulta improcedente conceder la suspensión solicitada porque de otorgarla, se afectaría el interés general, dado que a la sociedad le preocupa se proteja la salud pública y se prohíba el uso de sustancias nocivas, indicaron.
En tanto, el juez Francisco Javier Rebolledo, es el único que ha otorgado la suspensión -por ahora provisional-, con base en argumentos que han sido probados como falsos.
De acuerdo con la información pública, el juez argumenta que “de no darse la suspensión habría un perjuicio social, pues hay riesgo de afectar la producción agroalimentaria, así como la seguridad y soberanía alimentaria”. Además, “provocaría mayor importación de maíz y sus derivados para satisfacer las necesidades de la población”.
“Estos argumentos son falsos ya que los rendimientos de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato no son significativamente mayores que sus equivalentes no transgénicos. Por otra parte, la tolerancia al herbicida glifosato no aumenta el rendimiento de los cultivos; por el contrario, los debilita especialmente ante el cambio climático y los hace más vulnerables a las plagas, que se vuelven más resistentes requiriendo mayores aplicaciones”, subrayan las organizaciones.
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Además, indicaron que el aumento en las importaciones de glifosato se ha traducido en un incremento en los niveles de exposición al herbicida, acumulación en el ambiente e impactos a los ecosistemas y a la salud.
“La realidad es que el uso de estas tecnologías transgénicas y del paquete tecnológico asociado, incluyendo al glifosato, están asociados a la pérdida de soberanía y autosuficiencia alimentaria, debido a que la venta de semillas y agrotóxicos está controlada por unas cuantas empresas que son las que toman las decisiones de qué comemos y cómo se produce”, apuntaron.
Resaltaron que ni consumidores, ni los agricultores tienen acceso a la información necesaria para saber cuánto y dónde se aplica el glifosato, derecho que debe garantizarse para que pueda exigirse a los grandes productores usuarios de este herbicida sus compromisos de reducción y sustitución por prácticas agroecológicas.
México es autosuficiente en maíces blancos (híbridos y nativos), así como en los de otros colores (variedades nativas) destinados principalmente al consumo humano y al autoconsumo. Por otro lado, los altos volúmenes de maíz amarillo transgénico importados son principalmente para consumo animal y para la industria almidonera, además del consumo humano.
“Es posible una agricultura sin agrotóxicos y sin transgénicos, la solución es transitar hacia la agroecología; existen miles de experiencias exitosas que demuestran que es posible y urgente avanzar en esta ruta hacia una alimentación y un ambiente más sanos para combatir los efectos de las crisis climática y sanitaria en curso”, resaltaron.
LP