Las casas, los departamentos y, en general, los espacios habitacionales se convirtieron en instrumentos de inversión, en lugar de satisfactores de una necesidad humana básica, con ello, las ciudades se colocan como áreas imposibles de habitar.
De acuerdo con el análisis realizado por Lorena Cabrera Montiel, coordinadora de la Especialidad en Gestión Integral del Riesgo de la Universidad Iberoamericana Puebla, el precio de las viviendas se ha disparado en los últimos años; mientras que la creación de empleos y los ingresos registran un incremento moderado.
- Te recomendamos Aprueban compra de predio para nuevo Complejo de Seguridad en sustitución del DERI en Puebla Comunidad
Los propietarios corporativos prefieren mantener vacíos los inmuebles antes que bajar los precios, situación que se traduce en que, al menos, en Puebla, se tienen un registro de más de 315 mil viviendas desocupadas.
“A partir del año 2000, México alcanzó cifras históricas de vivienda nueva y, a su vez, de vivienda deshabitada. Millones de personas perdieron no sólo su casa sino el derecho al acceso a una hipoteca. El censo de 2020 contabilizó más de seis millones de hogares deshabitados, un 14 por ciento del parque habitacional total. Solo en Puebla hay casi 315 mil viviendas vacías en distintos segmentos económicos”, destaca el análisis.
Los fondos de inversión transnacionales obtienen ganancias de las personas más pobres a través del acaparamiento de la propiedad, así como de mecanismos financieros de acceso a la vivienda cada vez más sofisticados, destaca el análisis de la especialista de la institución que forma parte del Sistema Universitario Jesuita.
A la crisis de vivienda urbana que va más allá de un proceso de gentrificación, se suman otras problemáticas de gran impacto en el desarrollo urbano como flujos ilícitos de dinero y acceso desigual al suelo y a servicios. Las grandes corporaciones están concentrando un poder nunca visto que supera las fuerzas de las autoridades locales, advirtió Cabrera Montiel.
Los efectos de la financiarización y la mercantilización de la vivienda son perceptibles en las grandes ciudades del país y en zonas metropolitanas; sin embargo, los problemas, también, están presentes en municipios más pequeños.
En su oportunidad, Eduardo García Vásquez, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla, explicó que el reto actual consiste en trabajar para que se coloque a la vivienda como un derecho humano.
El investigador de la institución que forma parte del Sistema Universitario Jesuita resaltó que el Artículo 4 de la Constitución Mexicana establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa
“Algunos organismos nacionales han comenzado a implementar el concepto de vivienda adecuada, el cual contempla aspectos como seguridad de tenencia, disponibilidad de servicios, infraestructura habitabilidad y adecuación cultural”, expresó.
El investigador enfatizó el papel de ciudadanos, organismos, movimientos sociales y gobiernos locales como actores de resistencia frente a firmas privadas que dictan lo que sucede en las grandes metrópolis en cuestión de desarrollo urbano.
Ante el panorama, los investigadores coincidieron en la necesidad de poner en práctica medidas de control y protección para evitar la especulación y el desplazamiento de los habitantes.
AAC