El colectivo Ma’alob Cuxta (Vida Buena), conformado por personas originarias del municipio de Kanasín, Yucatán, celebró el rechazo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al proyecto de la multinacional española Iberdrola para la construcción y operación de una central termoeléctrica de ciclo combinado con gas natural en su territorio, con una capacidad de generación de energía eléctrica es de 592.9 megawatts.
Sin embargo, los integrantes del colectivo llamaron a la población a mantenerse organizados, pues la empresa productora de energía privada no ha desistido de llevar a cabo su proyecto.
“Iberdrola podría volver a someter el proyecto a evaluación. Es esencial que sigamos organizándonos y respondamos con rapidez a cualquier intento de instalar un megaproyecto de estas características, dado que sería sumamente negativo para la salud y el medioambiente de nuestro municipio y de la Zona Metropolitana de Mérida, y agravaría el cambio climático que amenaza la vida en todo el planeta, al que la Península de Yucatán es especialmente vulnerable”, indicaron.
El colectivo afirmó que, de ser autorizado, el megaproyecto quemaría 150 millones de pies cúbicos de gas al día —casi 55 mil millones de pies cúbicos al año—, generando más emisiones que todos los vehículos de Yucatán juntos, que serían evacuadas a través de una chimenea de siete metros de diámetro y 22 metros de circunferencia.
Al dar seguimiento al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de dicho proyecto, identificaron irregularidades en el proceso de evaluación, por lo que comunicaron a las autoridades ambientales el rechazo de la comunidad al proyecto en su territorio.
El colectivo Ma’alob Cuxta identificó daños a la salud por contaminación del aire, ya que los gases tóxicos que generaría la planta –especialmente los óxidos de nitrógeno– provocan daños a los sistemas respiratorio, circulatorio e inmunitario y a largo plazo.
También destacaron los impactos y riesgos al acuífero, ya que la central se ubicaría a menos de 200 metros de la Reserva Estatal Anillo de Cenotes. “Para la operación de la central, Iberdrola pretendía extraer 223 millones de litros de agua por año, y usar aditivos tóxicos –ácido sulfúrico, amoníaco, cloruro cálcico, bisulfito sódico, fosfato trisódico– que provocarían graves daños en caso de accidente”.
Resaltaron que la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto reconoce que se contaminarán 4 mil kilos de tierra con aceite lubricante, se generarán mil 800 kilos de residuos de grasas o aceites, además de 9 mil kilos de recipientes impregnados con aceite lubricante,y no ofrecieron información sobre el tratamiento de los residuos tóxicos sólidos y líquidos peligrosos que generará la central.
Así, indicaron que habrá impactos a la producción de los campesinos de la región, ya que en la Huasteca Potosina, donde Iberdrola construyó una central con la misma tecnología, los campesinos señalan que sus cosechas de maíz, frutas y hortalizas se han reducido mucho desde que se instaló la planta.
Destacaron la contribución al cambio climático, ya que la central provocaría la emisión de más de 3 millones de toneladas de CO2 al año, más que el total de los automóviles registrados en Yucatán.
También, señalaron los daños a la biodiversidad, pese a que los muestreos de fauna se llevaron a cabo durante únicamente cuatro días, en la MIA recogen la presencia de fauna endémica y protegida bajo diversos estatus en la NOM-059-Semarnat- 2010; en el área de influencia del proyecto se reportaron 12 especies con alguna categoría de riesgo.
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Aseguraron que hay presencia de vestigios arqueológicos mayas a menos de dos kilómetros del sitio del proyecto, y se trata de un asentamiento maya que supone el único ejemplo de arquitectura Puuc en el norte de Yucatán, lo cual omite la MIA presentada por el promovente.
Asimismo, el colectivo denunció que el 14 de enero de 2021, un miembro del colectivo Ma’alob Cuxta solicitó a Semarnat la información completa del proyecto, además de someterlo al proceso de consulta e información pública previsto en la ley.
La solicitud incluyó una petición explícita de confidencialidad “por razones de seguridad, ya que temo por mi integridad física y la de mi familia, solicito a esta autoridad, omitir la publicación de mi identidad y datos personales”.
Sin embargo, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Semarnat violó su derecho a la confidencialidad y dio a conocer su identidad en la versión pública del resolutivo.
“Vamos a ingresar una denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) contra la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) por esta violación de mis derechos, amparados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
“Se trata de un error sumamente grave que no debe repetirse, dado el riesgo que asumimos quienes enfrentamos intereses tan poderosos como los de esta empresa privada. Esta violación no debe quedar impune y la Dgira debe asegurarse de que nunca vuelva a ocurrir”, afirmó el afectado.
Otro miembro del colectivo afirmó: “La publicación de la identidad del solicitante es sólo la última en una larga lista de irregularidades, arbitrariedades y ‘errores’ que parecen dirigidos a negar a las comunidades afectadas el derecho a la información y la participación que reconocen leyes nacionales y tratados internacionales, como el Acuerdo de Escazú”.
LP