Tras la muerte de al menos 40 personas migrantes y las lesiones que sufren otros 29 debido al incendio registrado en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), organizaciones de la sociedad civil responsabilizaron al Gobierno Federal al señalar que las víctimas estaban encerradas bajo llave en un espacio sin ventilación, sin rutas de evacuación, hacinadas e incomunicadas.
Además, pidieron un alto a la criminalización de las personas en condición de movilidad, principalmente por parte del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuellar quien semana atrás pidió a los ciudadanos no prestar ayuda a los migrantes y presuntamente acordó con la federación el inicio de operativos para retirar de la vía pública a migrantes que vendían dulces en cruceros, limpiaban parabrisas o pedían ayuda económica.
El lunes pasado, unas horas antes del incendio, este operativo había iniciado.
La estación migratoria donde ocurrió el siniestro -ubicada en el puente internacional Reforma, cerca de la zona Centro de la frontera de Juárez-, estaba ocupada por las personas que habían sido aseguradas en esas acciones.
Este miércoles, en ese sitio se reunieron de forma natural decenas de migrantes que busca una noticia sobre sus familiares y amigos, que habían sido asegurados horas y trasladados a esa estación migratoria.
Ahí, Abel Manuel Antonio Ortega, buscaba a su hermano José. Él, su esposa, hijo y su hermano fueron asegurados cerca de las 2 de la tarde del lunes porque estaban en un crucero limpiando parabrisas.
Todos, excepto el hermano de Abel, fueron puestos en libertad luego de que los obligaron a firmar una supuesta salida voluntaria de México en un plazo máximo de 30 días.
“Entró con mi hermano, no me dan a mi hermano porque me dicen que mi hermano no entra al núcleo familiar de nosotros, papá, mamá, hijos, hermanos no. Sacan a mi hermano, me dicen que lo van a trasladar a Ciudad de México, que a las 5 de la tarde, lo dejan encerrado en un calabozo donde había como 200, 250 personas más. Cuando lo dejan encerrado, yo me voy a mi casa, cuando vengo en la mañana a ver si es verdad que lo trasladaron, me encuentro que la comisaría de Migración ha sido quemada”, señaló Abel.
“Buscamos a un compañero que se llama Oran y lo agarró migración ayer incluso como cuatro, cinco de la tarde, los meten ahí. Cuando migración agarra a uno y lo meten ahí, lo mete ahí como cuatro, cinco días, 60, 70, 80 personas ahí, me entiende. Sin aseo personal ni nada, incluso mire cuántas personas ya no están muertas ahí por culpa de ellos, porque ellos ahí pegan cable con cable, corriente y todo, no tienen algo organizado, se ve bonito por fuera pero ahí adentro es una locura”, dijo Diego José quien viajaba con la persona ahora no localizada.
Al sitio también acudieron las integrantes de la Red Mesa de Mujeres, conformada por madres de mujeres asesinadas; y de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) para solidarizarse con las víctimas, llevaron flores, veladoras y mensajes para manifestar su repudio por los hechos.
Poco a poco junto al barandal de tubulares que rodean las instalaciones del INM, se fue formando un altar pues los migrantes tomaron las flores y veladoras y se hincaron para colocarlas como ofrenda, algunos de ellos se persignaron.
Ante la falta de información oficial, los migrantes se desesperaron y comenzaron a gritar al unísono “justicia, justicia” y señalaron que en México, particularmente en Juárez son objeto de discriminación por parte de las autoridades. Además de afirmar que los funcionarios del INM no hicieron nada por ayudar a sus connacionales, pues ninguno de ellos resultó lesionado.
Un video captado en la estación migratoria muestra como se propagó el fuego y nadie auxilio a los migrantes.
En tanto, 210 organizaciones de la sociedad civil emitieron un desplegado donde pidieron la renuncia e inhabilitación inmediata del Comisionado del INM, Francisco Garduño; un proceso de identificación y entrega digna de restos a las familias de las personas fallecidas bajo los más altos estándares de derechos humanos; asumir los costos de repatriación de cuerpos de las personas fallecidas y un alto a la criminalización y el hostigamiento institucional de la población en contextos de movilidad.
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