Representantes de distintos colectivos de búsqueda de personas y organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de peticiones para proteger la integridad y la vida de las buscadoras, esto en el marco de su 189 periodo de sesiones que se realizó en Washington.
Los colectivos acusaron que la implementación de la nueva Estrategia Nacional de Búsqueda “sólo reduce los números de personas desaparecidas”, mientras que el Estado mexicano evadió hablar sobre el objetivo del nuevo censo.
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Denunciaron que el censo “pareciera, sólo busca minimizar la dimensión de la crisis” y refirieron que las autoridades sólo consideran como confirmadas 12 mil 377 denuncias de las casi 115 mil que hay en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Durante la sesión, las buscadoras y las organizaciones asistentes lamentaron la falta de interés por parte de las autoridades mexicanas de asistir de manera presencial a la audiencia y que no se contara con una representación de alto nivel de manera remota de autoridades como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), además de la inasistencia de la Fiscalía General de la República (FGR).
Ante la ausencia de la titular de la CNB, Teresa Reyes Sahagún, en su lugar acudió la directora general de Vinculación y Políticas Públicas, Xasni Pliego Granillo, que se limitó a hablar sobre el fortalecimiento de las acciones de búsqueda.
Pliego Granillo destacó la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, que se realizó el pasado 2 febrero, donde afirmó que “se escuchó a representantes de colectivos y familiares de las personas desaparecidas” a través del Consejo Nacional Ciudadano (CNC) del Sistema Nacional de Búsqueda.
“Como primer paso se fortalecerán las acciones de búsqueda y se implementará el despliegue de 127 personas buscadores de apoyo permanente en el territorio nacional, y 20 adicionales en oficinas centrales para atención urgente”, subrayó.
Los colectivos destacaron que, desde el momento en el que se convocó a ésta sesión a finales de enero de este año hasta que se llevó a cabo, asesinaron a dos personas buscadoras: Ángela Almeraz y Noé Sandoval y además, continúa desaparecida Lorenza Cano, desde el 15 de enero pasado.
Durante su intervención, Alejandra Martínez, integrante del colectivo Por las Voces sin Justicia en Sinaloa, quien busca a su hermano Ismael Alejandro desde 2020, relató una de las estampas de la violencia a partir del asesinato de la buscadora Rosario Lilián Rodríguez Barraza tras una ceremonia religiosa organizada por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición en 2022, cabe mencionar que Rosario había recibido múltiples amenazas previo al ataque sin que las autoridades hubieran proveído alguna protección.
“El caso de nuestro colectivo y del asesinato de Rosario Lilián es algo que vivimos las buscadoras en todo el país, nos siguen, nos amenazan, nos amedrentan, nos criminalizan y revictimizan, pero seguimos buscando”, enfatizó Martínez.
Por su parte, Bibiana Mendoza, integrante del colectivo Hasta Encontrarte en Guanajuato y quien busca a su hermano Manuel, habló sobre la negativa de las autoridades para reconocerlas como defensoras de derechos humanos e incorporarlas al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para brindarles protección derivada de su labor de búsqueda.
Durante la audiencia se hizo énfasis en que estos riesgos y agresiones se enmarcan en la falta de acciones concretas del Estado por atender la crisis de desaparición, lo que impone la carga de la búsqueda de sus seres queridos en las familias, que conlleva a mayores riesgos en tanto las buscadoras atestiguan que las acciones del Estado no son guiadas por una política para prevenir y dar respuesta a las desapariciones.
Asimismo precisaron que el Estado se enfocó en el marco normativo interno y protocolos, sin atender los señalamientos de las buscadoras sobre la falta de implementación de las leyes en la materia, la falta de funcionamiento adecuado de la institucionalidad y una falta de coordinación entre autoridades, lo cual dificulta la situación de riesgo de las personas buscadoras.
Al respecto los comisionados y otros funcionarios de la CIDH expresaron su preocupación por los riesgos planteados en la audiencia, la falta del reconocimiento de las buscadoras como personas defensoras y manifestaron su compromiso de mantener un enfoque en la problemática, a través de la elaboración de un informe sobre desapariciones en México.
Mientras que representantes de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH expresaron su solidaridad con las personas buscadoras y pidieron que el Estado aporte información sobre la falta de implementación de leyes, sobre la insuficiencia de recursos para la búsqueda y cuestionaron el objetivo del censo de personas desaparecidas.
Por su parte el representante de la ONUDH en México, Jesús Peña, destacó que la violencia, sumada a la desprotección que enfrentan las personas buscadoras, ha llevado en los últimos meses a algunas mujeres buscadoras hagan llamados desesperados a los grupos criminales para que no las agredan y les permitan realizar su labor sin miedo.
Por último, las buscadoras expusieron una serie de solicitudes a la CIDH entre ellas que se requiera al Estado reconocer a las personas buscadoras en su calidad de personas defensoras y se definan esquemas de protección colectiva para las búsquedas independientes, reconociendo la diversidad de las buscadoras y de sus medios de búsqueda.
De igual forma, solicitaron que se requiera al Estado información precisa sobre el número de solicitudes de protección de las personas buscadoras al Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, así como información sobre los pasos dados para investigar y en su caso sancionar los asesinatos y desapariciones de las personas buscadoras, en particular de los más de 20 casos identificados por quiénes acudieron a la audiencia.
JATS