Un riesgo que existe derivado de la crisis sanitaria por el Covid-19 es que las compras y contrataciones directas que realizan los estados no cumplan con la transparencia, la apertura y la integridad, señaló Transparencia Internacional (TI).
A través de su análisis “Integridad ante la emergencia: recomendaciones para la integridad de las compras y las contrataciones públicas”, participantes de 13 países latinoamericanos, incluido México por medio de Transparencia Mexicana, coincidieron en que en este momento de pandemia no se debe dejar a un lado la máxima apertura y la rendición de cuentas.
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En su trabajo, Transparencia Internacional menciona cinco líneas estratégicas para que los recursos no sean desviados por la corrupción y el oportunismo.
Encabezadas por la máxima apertura en la información con una visión integral de las contrataciones públicas, y seguidas por la activación de mecanismos pro-competencia, la fiscalización en tiempo real, la identificación plena de los recursos utilizados y su destino en un solo sitio, y la amplia rendición de cuentas públicas sobre los recursos utilizados y su destino.
“Los riesgos de captura de recursos por grupos de interés económicos y la administración desigual de las ayudas directas puede resultar en afectaciones graves a la salud pública de la región.
“Con frecuencia se dice que la transparencia retrasa la entrega de bienes y servicios. Después de revisar extensamente la experiencia de América Latina, no hay duda de que lo que realmente compromete la entrega de los bienes necesarios para atender las necesidades de la población es la opacidad y la corrupción”, destaca.
Mientras que sobre las líneas estratégicas para que los gobiernos compren bien, TI agregó que debe de existir una máxima publicidad en la información sobre compras gubernamentales, que se deben de activar las agencias nacionales antimonopolio, realizar auditorías en tiempo real, concentrar en una sola plataforma toda la información sobre las contrataciones.
“El llamado a la transparencia en las compras y contrataciones públicas es la solución para prevenir que su mal uso cueste vidas innecesariamente, y es la prevención para actuaciones delictivas”, precisó TI a través de un comunicado.
El grupo de análisis estuvo conformado por los capítulos de TI en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.