La alcaldía de Tlaxcoapan desacató el mandato de un juez para reinstalar esta semana a once trabajadores sindicalizados despedidos injustificadamente en 2021, señaló el secretario general del sindicato al servicio de ese municipio, Aldo Augusto Morales Malo.
Explicó que el martes un actuario acudió a la alcaldía para verificar que se les reinstalara en sus respectivos cargos a los ex empleados, pues fue una resolución de un juez en la materia tras un largo proceso legal.
No obstante, el líder señaló que por parte de la alcaldía el único que recibió al actuario, así como a los trabadores despedidos y al sindicato, fue José Efrén Ordaz, director jurídico de la alcaldía, quien les informó que el gobierno de Tlaxcoapan no estaba en condiciones de hacer válida la reinstalación.
Lo anterior por las condiciones económicas de la alcaldía y además por el ingreso de un recurso de nulidad, pero Morales expresó que a partir de esa respuesta oficial por parte del gobierno encabezado por Jaime Pérez Suárez, el representante legal de los once trabajadores despedidos injustificadamente pidió la aplicación de las medidas de apremio, en este caso una multa por desacato y que se le notificara al ministerio público el incumplimiento de un ordenamiento de un juez.
El líder sindical acusó que con esto la administración de Tlaxcoapan violenta los derechos de los trabajadores pues las autoridades sólo están alargando el proceso, algo que afecta a todas las partes involucradas.
Externó que al alargarse el cumplimiento de la reinstalación aumenta el adeudo del municipio con estos trabajadores, pues en la resolución se estableció el pago de salarios caídos.
Recriminó que la administración local pretenda heredar la problemática al siguiente gobierno, pues afirmó que la estrategia desde que se presentó el despido, en julio de 2021, es ralentizar el proceso con todas las excusas posibles.
Dijo que el municipio argumenta falta de recursos pero contrató a un bufete de abogados especializados en materia laboral para atender el caso, además de que destina recursos para bonos y compensaciones a otros trabajadores del gobierno.
Morales resaltó que el gobierno debe atender forzosamente esta resolución del juez pues se agotó un proceso y el municipio no resultó beneficiado, debido a que se acreditó un despido injustificado hacia el grupo de empleados.
Ahora esperarán las acciones que ordenen las autoridades después de esta renuencia del gobierno para acatar el fallo, e insistió en que este retraso de la ejecución de la sentencia sólo agrava la problemática financiera para el municipio.
Emplazó al alcalde a atender la resolución, pero todo sobre a respetar los derechos de los trabajadores, pues indicó que en todo momento se hizo esa petición.