El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, descartó que su gestión use a las instituciones de procuración y administración de justicia para persecuciones políticas hacia sus opositores.
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo estatal manifestó que quienes se dicen perseguidos políticos es porque violentaron la ley y fueron descubiertos pese a que creían que eso no iba a ocurrir, pero aseguró que cuando hay la denuncia correspondiente, es la Fiscalía General del Estado (FGE) la que decide la judialización del caso.
"No hay persecución política en contra de nadie, no hay utilización de las instituciones, no lo hay, quienes lo dicen son quienes violaron la ley y pensaban que nunca se iba a conocer lo que habían hecho [...] cuando se encuentra acreditada la comisión de un delito, se presenta denuncia y la FGE es la que determina si se judicializa o no el caso”.
Lo anterior en alusión al diputado local José Juan Espinosa Torres, quien fue denunciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por presunto desvío de recursos y simulación de operaciones financieras por un monto aproximado de 100 millones 600 mil pesos cuando fue alcalde de San Pedro Cholula, de 2014 a 2018.
Dijo que el legislador petista tiene derecho a defenderse y presentar pruebas para demostrar su inocencia, pero serán las autoridades las que determinen el rumbo de las investigaciones.
"Ahí están las averiguaciones ahí tendrán derecho de defensa, de ser oído, de presentar sus pruebas, y si en la averiguación hay una definición sobre inocencia no habrá judicialización".
mpl