La Secretaría de la Contraloría recibió durante el primer semestre del año 7 mil 529 denuncias de la población, donde la principal queja es que existe deficiencia en los servicios, con prácticamente 28 inconformidades al día, reconoció el titular, Javier Vargas Zempoaltecatl.
La segunda inquietud más señalada, con 32 por ciento de los casos, son actos de prepotencia y malos trato de los servidores públicos; casos que revisan detenidamente para tomar acciones inmediatas para que la sociedad se sienta realmente bien atendida.
Sin embargo, aclaró, en un porcentaje mínimo se encuentran elementos que determinen la responsabilidad y la necesidad de iniciar un procedimiento administrativo para sancionar al servidor público, por lo cual no todas prosperan.
La ciudadanía señala deficiencias en el servicio, que no lo trataron bien, pero muchas veces los señalamientos son generales o cuando se averigua el servidor refiere que no estaba el expediente completo y pidieron completarlo o alguna otra acción que representa molestia para el usuario.
No obstante, dijo, esto sirve para ubicar fallas, exceso de trámites en algún servicio, modificar procedimientos, digitalizar el servicio público, reducir el contacto directo, entre otros puntos que se van modificando cuando son quejas recurrentes.
Aunque no todas prosperan y llegan al inicio del procedimiento y a la imposición de una sanción, deben armar el expediente, echar a andar toda la maquinaria administrativa para llevar a cabo una investigación y al final concluir por falta de elementos.
Aquí, dijo, sería importante no distraer recursos que pudieran aplicarse o destinarse a asuntos más relevantes desde el punto de vista administrativo y que la gente entienda que si hay un listado de documentos y un procedimiento no se puede vulnerar.
Con estas 7 mil 500 denuncias suman 53 mil 551 en lo que va de esta administración al 30 de junio. De las cuales van 5 mil 104 por deficiencia en el trámite, 2 mil 409 por prepotencia y malos tratos, cinco de solicitud de dádiva, 5 por negligencia en el servicio público, 4 por posible conflicto de interés y dos por presuntos delitos electorales en este 2020.
Durante este primer semestre se presentaron 900 denuncias a través de la aplicación que ha surtido mucho efecto, y que junto al resto han derivado en alguna sanción. En este periodo se han aplicado 59 sanciones a 51 personas, de los cuales tres son mandos superiores, 12 medios y 36 operativos.
En ocho casos tuvieron que inhabilitar, en siete imponer sanción económica, en tres más resarcitoria, en tres destituyeron a los servidores públicos, en nueve los suspendieron y en 25 los amonestaron.
MMCF