Desde el pasado jueves al menos once mujeres y hombres están realizando una huelga de hambre en la plaza de los mártires en Toluca, Estado de México, para exigir la liberación de sus familiares quienes permanecen presos y que por la ley de amnistía tienen el derecho de salir en libertad.
En entrevista para MILENIO, quienes se encuentran en este plantón aseguraron que no se moverán de ahí, ni probarán ningún alimento hasta que sus propios familiares que permanecen detenidos, vengan por ellos libres de cargos en su contra.
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“Estamos luchando por gente inocente a la cual se le han fabricado delitos que no cometieron, así que aunque me muera aquí yo no voy a salir de aquí porque estamos hartos de vivir tanta injusticia”, aseguró Silvia Arroyo, madre de un joven acusado de secuestro.
De acuerdo con la ley de amnistía que fue publicada el pasado 5 de enero, en el artículo 4 se menciona que tienen derecho a esta ley las personas privadas de la libertad independientemente del delito del que se trate, siempre y cuando cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado Mexicano, de algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso.
Algunos acusados de homicidio, otros de secuestro y la mayoría con sentencias a mayores de 50 años, pero con algo en común, sus familias aseguran que son inocentes y la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya emitió recomendaciones para los 25 personas por los que se pide justicia en este plantón.
Entre estos casos se encuentra el de Miguel Ángel Juárez Peña y Jorge Daniel Juárez Vargas, padre e hijo que en 2020 fueron sentenciados a 65 años de prisión, ambos acusados del mismo homicidio pese a la falta de pruebas.
“La sentencia es para los dos de los mismos años porque el juez ni siquiera puede deducir supuestamente quién mato a la persona que dicen que era una alguien que ni siquiera conocemos y en la vida habíamos visto; ellos inclusive dicen que eran nuestros vecinos cuando nosotros vivimos como a dos horas de donde ellos dicen vivir”, aseguró Nayeli Vargas, hija y hermana de los imputados.
Otro caso es el de Jorge Rivera, quien iba caminando por la calle con su hijo de 3 años cuando fue detenido y en el camino le fabricaron el delito, aseguró Karina Rivera, hermana de Jorge.
“A la hora que lo andaban paseando en un carro después de detenerlo nos dijo que le decían que hacían llamadas y que decían échenle cabrones ármenle su carpeta porque no lo puedo ingresar a este cabrón, ya se chingo”, precisó.
Mientras que en el caso de Plácido Arroyo, su color de tez determinó su detención y ahora se encuentra sentenciado a 65 años por el delito de secuestro.
“Mi hijo está detenido por el dicho de una persona que dijo que lo reconoció al pasar por la calle, "que estaba moreno y mugroso", eso fue lo que dijo el señor y por eso está ahí mi hijo, "por moreno y mugroso" pero mi hijo era un hombre trabajador que se dedicaba a la herrería”, aseguró su madre Silvia Arroyo.
Con la ley de amnistía que entró en vigor en enero, al menos 18 mil personas que se encuentran presas en distintos penales del Estado de México podrían obtener su libertad, así lo aseguran distintas organizaciones defensoras de derechos humanos .
FS