En Puebla, 68 por ciento de las denuncias, es decir, tres de cada cinco quejas presentadas por la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales y Queer (Lgbtttiq+), ante actos de discriminación, están relacionadas con los servicios públicos y Seguridad Pública.
De acuerdo con el análisis “Discriminación, violencia e ineficiencia institucional. Los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+ en el estado de Puebla 2015 – 2021”, realizado por la Universidad Iberoamericana Puebla, la mayoría de las quejas tiene que ver con negativas a prestar servicios públicos a las personas que forman parte de la comunidad, pero también con la violación a derechos como a la salud, al cambio de identidad de género, a recibir apoyos alimentarios por parte de autoridades estatales, al desarrollo de la libre personalidad y al reconocimiento de los derechos de las personas trans.
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A partir de un análisis, las denuncias que presentan quienes se autoidentifican como integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla, 36 por ciento se encuentran en el ámbito de los servicios públicos; 22 por ciento en seguridad pública; 14 por ciento en el ámbito laboral; 14 por ciento en educativo; y 14 por ciento conta autoridades municipales.
“Es notorio cómo los prejuicios, asociados a la homofobia y transfobia, se reflejan en conductas o acciones discriminatorias violentas como gritar, ignorar, intimidar, burlase, hostigar, cuestionar y prejuzgar, teniendo como finalidad anular o menoscabar el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales”, destaca el estudio.
Ana Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, explica en el estudio que impera una situación de discriminación y violencia contra las personas LGBTTTIQ+ por motivos de orientación sexual e identidades de género autopercibida no heteronormadas en el estado de Puebla.
“Estas violaciones a sus derechos humanos no solo tienen impactos importantes en el desarrollo de su proyecto de vida, sino en su vida privada, el desarrollo de la libre personalidad, en la libertad personal y en el derecho a su integridad personal y seguridad”, destaca el análisis.
La especialista agrega que el derecho a la vida privada garantiza esferas de la intimidad que el Estado ni nadie puede invadir; por ello, es necesario que el reconocimiento de los derechos humanos no solo se efectúe promulgando leyes que garanticen el respeto a la igualdad y no discriminación, sino también resulta crucial que se elaboren políticas públicas que impacten de manera transversal en las raíces estructurales de la violencia.
“La forma predominante de vivir, sentir, pensar, relacionarse sexo-afectivamente cisnormativa y heteronormada, no puede seguir siendo la única manera de vivir la sexualidad, por el contrario, la realidad integrada por la diversidad, conduce no solo respetar la diversidad de orientaciones, identidades y expresiones de género, sino a integrarlas a la sociedad y con ello, garantizar que la igualdad y la no discriminación no sean únicamente un principio rector de los derechos humanos, sino que se vuelvan una realidad que emana en prácticas contundentes de inclusión, a favor de la paz y de una sociedad libre de violencias”, destaca el estudio.
AAC