Amelia Velázquez tiene casi cuatro años sin sus tres hijos. Fue el 13 de agosto de 2015 en que salió a trabajar que encargó a sus hijos de 9, 8 y 6 años a su hermana, a quien le debía 600 pesos. La mujer, al no recibir el pago, decidió llamar al DIF Tlajomulco para que se llevaran a sus tres sobrinos, con una acusación falsa de abandono en contra de su propia hermana. Los niños, sin una investigación previa, fueron trasladados al albergue Lenam Ranchito con Esperanza, ubicado en Cocula, Jalisco. Hoy, el caso se encuentra en juicio federal para que le regresen a sus hijos.
Apoyada por la asociación “Por nuestros niños”, Amelia Velázquez expuso en rueda de prensa el viacrucis que ha tenido que padecer para defender sus derechos y los de sus hijos.
La asociación, a través de Antonieta Flores Astorga, Premio Nacional de Periodismo y autora del libro “Niños a la Carta”, apela a la sensibilidad del gobernador Enrique Alfaro para que esta administración enfoque sus esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos humanos en los albergues, tanto de los niños como de los padres.
Exigen, además, que se transparente la información sobre cada caso, se documente y en caso de violación de las garantías individuales, se sancione a los responsables y se repare los daños.
“El problema es que se toman atribuciones que no les corresponde; esa Procuraduría (Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Jalisco ), antes de investigar en qué condiciones vive su madre, verificar si viven en estado de desamparo o no, ya ejecuta una orden; se debe atender este vacío, esta falta de capacidad, coordinación y dilación de los procesos jurídicos, ya que esto es una tierra fértil para abusos de autoridad”, señala la integrante de “Por nuestros niños”, Gabriela Juárez.
“Esta es una deuda pendiente desde hace muchos años, ahora tenemos 4 mil 600 niños en proceso, aproximadamente, según informes de 2018, vemos cómo van a la alza, están separando y desvinculando a las familias sin tener un precedente exhaustivo, hay diversas causas por las que los niños están albergados, por pobreza, por ejemplo, pero, eso no quiere decir que no tengan derecho a ver a sus hijos, que es el interés superior de la niñez”, recalcó Gabriela Juárez.
“Hasta la fecha no hay motivo jurídico ni impedimento legal para que el DIF no pueda regresar a los niños con su mamá. Nunca acreditaron el abandono. No pueden justificar por qué esos menores siguen con ellos, ya se encapricharon. Toman como falta de respeto que la señora haya promovido un juicio federal”, aseguraron los abogados de Amelia.
MC