El Centro Histórico, que le da vida y desarrollo económico a la ciudad, se ha convertido en un punto de venta para ambulantes, quienes se han adueñado del espacio público.
Son más de 16 organizaciones de comercio informal las que operan en el primer cuadro de la ciudad.
Por si fuera poco la invasión de ambulantes en las calles del Centro Histórico, también se tienen registros de extorsión por parte de elementos de vía pública hacia los ambulantes, así como la venta de artículos ilegales que no son permitidos por el Código Reglamentario Municipal (Coremun) y, en algunos casos, la venta de drogas en inmuebles ubicados en el corazón de la ciudad.
A esto se suman los franeleros, quienes brindan espacio a los conductores para que puedan estacionar su automóvil en lugares prohibidos, dejando un carril limitado para que circule el transporte público.
También se encuentran las personas que se hacen pasar como checadores, quienes solicitan cuotas que van desde los 5 pesos hasta los 10, para informar a los conductores del transporte público cómo está el tráfico y el pasaje.
El comercio informal ha tomado las banquetas y ciclovías para instalar sus estructuras y vender todo tipo de variedad de mercancía, desde ropa, comida, tecnología y productos prohibidos, como celulares robados y cigarros de dudosa procedencia.
En entrevista para MILENIO PUEBLA, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, reprochó que desde la llegada de la actual administración se ha incrementado la ilegalidad, por ello la prostitución y las estafas en la vía pública, disfrazadas de juegos de azar, afectaron sus ventas hasta un 15 por ciento.
El comerciante aseguró que han tenido que pagar multas de 2 mil hasta 20 mil pesos, “no solo es la multa económica, sino también la pérdida al no realizar tu labor, porque tu negocio se para por tres días, este gobierno ha implementado la estrategia de clausurarte el negocio un fin de semana y ya no puedes realizar tus trámites y tus pagos, esto ha provocado hasta el cierre de los negocios”.
Por su parte, Francisco Machorro Fierro, líder de la organización de ambulantes Antorcha Campesina, denunció que son extorsionados por personal de vía pública, quienes asegura, pertenecen a la secretaría de Gobernación.
Aunque prefirió no precisar el monto de las extorsiones, destacó que no solo les piden dinero, además los despojan de su mercancía.
“El ayuntamiento nos extorsiona para que podamos estar en vía pública y si no les damos pues nos levantan toda la mercancía”, denunció.
Machorro aseguró que la mayoría de los 300 ambulantes de su organización han sido víctimas del gobierno de Claudia Rivera Vivanco, “nos golpean, nos despojan de nuestra mercancía y se la reparten entre ellos”.
Por otro lado, el presidente de la comisión de Desarrollo Económico del cabildo, José Luis González Acosta, reveló que algunos comerciantes establecidos, han sido extorsionados por la delincuencia organizada, sin embargo prefieren no denunciar por represalias en contra de su familia y negocio.
El regidor destacó que las zonas detectadas como rojas, en el corazón de la ciudad, son las calles de la 8 a la 22 Poniente, así como de la 3 a la 7 Norte, en donde se realizan actividades ilícitas.
A esto se suman las denuncias por parte del regidor de la comisión de Gobernación, Iván Camacho Mendoza, quien señaló que las personas que se dedican al robo de celulares se esconden en algunos locales ubicados en la 8 Poniente, por lo que no pueden proceder legalmente para su detención.
El integrante de cabildo aseguró que una vez que se a probó en sesión de cabildo, la prohibición de la venta de celulares y dispositivos electrónicos en la vía pública, los comerciantes que se dedican a esto llegaron a un acuerdo con los locatarios para esconderse cuando realizan operativos.
Camacho Mendoza comentó que ante esta situación el gobierno municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE), ya no pueden proceder de la misma forma, porque ya están en una propiedad privada.
El regidor solicitó a los comerciantes establecidos a no ceder a este tipo de acciones, debido a que las autoridades correspondientes no podrán combatir este delito, debido a que la venta de estos artículos incrementa la inseguridad.
Sin embargo, sentenció que los operativos no van a detenerse, por lo cual se implementarán de manera coordinada con la Fiscalía General, así como con la policía estatal y la Guardia Nacional.
MITM