Tamaulipas se ha visto marcado en casi tres décadas por gobernadores envueltos en problemas con la justicia, dos de ellos encarcelados, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.
Desde el priista Manuel Cavazos Lerma en el sexenio 1993-1998 hasta el panista Francisco García Cabeza de Vaca que concluiría su mandato en septiembre de 2022, han enfrentado acciones legales en su contra.
Suman cinco los gobernadores señalados por diversos delitos, considerándose a Yarrington (1999-2004) el caso más emblemático de corrupción en la política tamaulipeca.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada, defraudación fiscal, lavado de dinero y nexos con el narcotráfico han sido algunos de los ilícitos en que se han visto implicados estos políticos.
Fue en el año 2012 cuando la DEA informó sobre el vínculo de los priistas Tomás Yarrington, Manuel Cavazos y Eugenio Hernández con los Zetas y el Cártel del Golfo, incautándose los bienes del primero.
En 1997 comienza la historia negra...
La historia negra de los mandatarios en la mira de la ley comienza con Cavazos Lerma, “el gobernador del sombrero” que en 1997 fue denunciado por el ex subdirector de Inspección y Vigilancia Agropecuaria, Forestal y Pesca de Tamaulipas, Omar Durán, de permitir el tráfico de armas y de droga en transporte de ganado.
Sin embargo, tuvieron que pasar varios años para que la Procuraduría General de la República iniciara una averiguación previa en su contra, misma que se cerró por falta de pruebas.
Vínculos con el crimen organizado
Yarrington Ruvalcaba fue investigado en un principio por delitos contra la salud y lavado de dinero. La justicia estadunidense, le seguía la pista desde que era alcalde de Matamoros.
Un fundador de los Zetas, en su calidad de testigo protegido lo acusó de haberse reunido en varias ocasiones con el líder del Cártel del Golfo y recibir sobornos que le permitieron hacerse de millonarias propiedades en EU.
Tomás quería ser presidente de la República. Su libertad terminó el 10 de abril de 2017 cuando agentes lo ubicaron en Florencia Italia, de donde fue extraditado a Estados Unidos por lavado de dinero, tráfico de drogas y fraude bancario en aquel país.
La entonces PGR también le giró orden de aprehensión en 2012 por delitos contra la salud en su modalidad de fomento del narcotráfico. De acuerdo con investigaciones de Estados Unidos, Tomás contribuyó al tráfico de cocaína desde Veracruz hasta el vecino país, en complicidad con el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva.
También se siguió una línea de investigación por parte de la DEA, donde se le involucraba en el homicidio del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas en 2010, Rodolfo Torre Cantú.
En el pasado mes de marzo, se declaró culpable de lavado de dinero, según un informe del Departamento de Justicia.
Seis meses después de la captura de Tomás Yarrington, el gobierno de Tamaulipas, ya en manos del panista Francisco García Cabeza de Vaca, ejecutó una orden de aprehensión contra Eugenio Hernández Flores (2005-2010) en Ciudad Victoria, capital del estado.
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Fue acusado de peculado y lavado de dinero por haber comprado de forma ilegal, a precio irrisorio, unos terrenos en el puerto industrial de Altamira que pertenecían al patrimonio estatal, a través de un prestanombres.
Además, Estados Unidos lo investigaba desde 2015 por vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero, derivado de sobornos de Los Zetas.
En México, ya desde 2012 la Seido le había incautado dos condominios en Cancún y Playa del Carmen, pero al año siguiente cerraron el caso.
En marzo de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió su extradición a Estados Unidos y hace un semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo contra dicha acción, por lo que sigue preso en el penal del Altiplano en espera de su traslado al vecino país.
Otro priista, Egidio Torre Cantú (2011-2016), quien llegó al poder tras el asesinato de su hermano, no estuvo exento de acusaciones, aunque a la fecha no ha sido llamado a cuentas.
Francisco Chavira, empresario del ramo educativo en Tamaulipas, lo denunció ante la entonces PGR por encubrimiento, delincuencia organizada, asociación delictuosa y peculado.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de Tamaulipas informó en 2020 que Egidio era investigado por un desvío de 10 mil millones de pesos a través de compañías factureras.
Francisco García Cabeza de Vaca
La estela de gobernadores en líos con la justicia no terminó con los políticos formados en las filas del PRI. Actualmente, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien llegó al gobierno de Tamaulipas en 2016 luego de capitalizar los escándalos de corrupción de sus antecesores del tricolor y arrasar en las urnas, enfrenta una orden de aprehensión en su contra, tras haber sido desaforado por la Cámara de Diputados.
La FGR lo investiga desde el año pasado por los presuntos delitos de defraudación fiscal equiparada, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.
Presuntamente recibió 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo recursos de dos empresas fantasma. No obstante, el juicio de procedencia aprobado por la Cámara de Diputados contempló solo el delito de defraudación fiscal.
Se dijo que sus ingresos como servidor público, ascendían a más de 23 millones de pesos, pero tenía más de 34 millones de pesos no declarados.