La alcaldesa de El Grullo, Mónica Marín Buenrostro, aseguró que no ha sido informada sobre por qué es investigada y rechazó nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “con ese y con cualquier otro (grupo delictivo)”, tras el bloqueo de sus cuentas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó el lunes las cuentas municipales de Autlán de Navarro, Ixtlahuacán de los Membrillos y El Grullo, por su presunta relación con la organización delincuencial, así como la de sus presidentes municipales y el secretario general del ayuntamiento de El Grullo, Héctor Serrano Cabrera.
Los recursos de los funcionarios permanecerán incautados hasta que no se aclare su procedencia, sin embargo, los pertenecientes a los ayuntamientos fueron liberados a fin de no afectar la prestación de los servicios públicos, y sobre todo el salario de los empleados que no pudieron cobrar esta quincena. Tan solo en El Grullo la nómina asciende a un millón 536 mil 901 pesos. Son 348 servidores públicos.
La UIF ha sostenido que el congelamiento de cuentas está relacionado con el operativo “Agave Azul” que emprendió junto con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en contra de personas y empresas relacionadas con el CJNG.
“Desconozco si esa sea la razón, para empezar a mí no se me ha notificado nada, y desconozco si lo que está mencionando es la razón por la cual mis cuentas fueron bloqueadas”, dijo Marín Buenrostro.
La alcaldesa afirmó que el municipio compra de buena fe, luego de que la autoridad hacendaria presume lavado de dinero. “Sí sabemos a quién le compramos, pero no está dentro de nuestras facultades andar investigando la procedencia del dinero que manejan las empresas. Yo desconozco las cuentas de los proveedores. Yo nomás hago mis compras y hago las declaraciones correspondientes”, indicó.
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Mientras el secretario general del ayuntamiento de El Grullo confirmó que se amparó luego de enterarse que sus cuentas habían sido bloqueadas. Por eso, explicó que no podía dar detalles del por qué interpuso el recurso legal. “Estoy en la defensa, entonces no puedo emitir un comunicado, ya que se resuelva algo de la cuestión legal, con mucho gusto para no cuatrapear o contraponer algo de lo que ya estamos interponiendo”.
La alcaldesa evitó hablar del caso de su secretario general argumentando que cada quien responda por sus “cuentas personales” y aseveró estar dispuesta a colaborar con la UIF para disipar dudas: “Que me digan qué es lo que está pasando, cómo podemos apoyarles, qué es lo que están investigando, cuál es la información que solicitan, (El Grullo) es un municipio transparente”.
Además, los nueve regidores exigen información y no sabe qué responder: “Por qué a mí, a este ayuntamiento del Grullo no se le ha notificado nada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, todo se hizo a través de un banco, y por medio de un correo electrónico”, reprochó.
Marín Buenrostro reveló que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) porque calificó como una injusticia el aseguramiento de la única cuenta bancaria que –dijo-, tiene: “Mi cuenta es transparente. Nada más manejo lo que es mi nómina, tengo a mis hijos, tengo mi familia, mis gastos. Mis cuentas son transparentes”.
Sobre este caso, puntualizó, no ha hablado con el mandatario estatal, solo con el titular de Hacienda Pública y otras “personas de gobierno del estado”. La suspensión de recursos durante 12 días afectó la prestación de servicios de El Grullo, ya que no había dinero para gasolina de los vehículos de emergencia como bomberos, ambulancias y patrullas, pero sobre todo en plena contingencia sanitaria por covid-19 no se podía disponer de dinero. El municipio de la región sierra de Amula tiene una población de más de 26 mil habitantes.
SRN