El gobierno del estado de Guanajuato ya analiza la viabilidad de solicitar un nuevo crédito público para evitar la pérdida de empleos en el estado ante un posible cierre masivo de empresas derivado de la contingencia provocada por el coronavirus en la entidad.
Fuentes consultadas por MILENIO aseguraron a este medio que a más tardar a mitad de la próxima semana tendrán una respuesta a la solicitud hecha por el Consejo Coordinador Empresarial de León para adquirir un nuevo contrato de deuda pública por 5 mil millones de pesos, dada la capacidad crediticia con que cuenta la entidad.
De ser afirmativa la respuesta de parte del Poder Ejecutivo, el crédito se sumaría a uno más recientemente aprobado por el Poder Legislativo por 5 mil 300 millones de pesos mismo que será destinado a inversión en infraestructura principalmente obra pública y seguridad. Dicho crédito, aunque se estima deberá de cubrirse en su totalidad en 15 años, la propuesta del gobernador ha sido dejar a la siguiente administración el mismo monto de deuda que recibió al llegar.
De acuerdo al sistema de Financiamientos y obligaciones inscritos en el registro público único del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente, publicado por la Secretaría de Hacienda al cierre de diciembre de 2019 la deuda pública del gobierno del estado ascendía a poco más de 4 mil 300 millones de pesos.
La contratación de deuda por parte del gobierno del estado ha sido posible por la buena calificación crediticia otorgada por calificadoras como Moody´s, Standard and Poor´s y Fitch Ratings, mismas que han avalado el manejo de las finanzas del estado.
Ante los pronósticos de cierre de empresas que podrían dejar sin empleo a miles de trabajadores, los organismos del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) propondrán al Ejecutivo del Estado adquirir un crédito adicional de 5 mil millones de pesos para financiar un Programa Emergente de Preservación del Empleo formal de los Guanajuatenses.
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La finalidad del crédito es que desde las grandes empresas hasta las mipymes cuenten con liquidez para el pago de nómina y evitar a toda costa la pérdida de empleos, lo cual no significa un regalo para los empresarios de acuerdo al presidente del CCEL, José Arturo Sánchez Castellanos, quien aseguró que el plazo en que se pagaría el crédito por parte de la iniciativa privada sería en los próximos 5 a 7 años, lo que de igual forma liberaría a la siguiente administración de una carga crediticia superior.
“No se trata de que nos los regalen ni que nos los condonen o mucho menos, si no que lleguen, se inyecten a las empresas para pagos de nómina principalmente, para que puedan subsistir y se nos dé un plazo para pagar esos créditos, vía un incremento o un ajuste en el impuesto sobre nóminas del .7% para llegar al 3% a partir del 2022 y hasta que se pague el crédito” especificó el presidente de CCEL. De acuerdo a las estimaciones, con el .7% adicional del ISN se recaudarían aproximadamente 1 mil millones de pesos anuales
Además, como medida preventiva ante una posible recesión económica, se buscaría que el préstamo fuese a tasa de interés fija, teniendo una perspectiva optimista de encontrar una tasa competitiva gracias a la metodología de subasta Inversa utilizada previamente por el gobierno del estado, la cual dio excelentes resultados.
“Nadie puede pagar una nómina si no tiene los recursos, las reservas de las empresas se están agotando” añadió Sánchez Castellanos, a quien preocupa que mientras más transcurra el tiempo, las afectaciones económicas serán irremediables.
Una de las principales restricciones para la aprobación de este crédito, se encuentra en la ley de disciplina financiera, la cual no permite a los estados y municipios endeudarse a voluntad propia. Por lo que, de acuerdo a estimaciones, los 5 mil millones serían una opción viable que no viola las disposiciones establecidas.
En tanto se cumplen con los requisitos para el préstamo los empresarios proponen disponer de manera emergente de los recursos sin ejercer del COSAINCEG, los cuales pertenecen a obras que no se han podido ejecutar a falta de cumplir con todos los requerimientos, dinero inactivo que de manera inmediata podría ser canalizado a la reactivación de la economía, para su posterior reposición.
“Los intereses representan un costo y simplemente hay que saber negociarlos, hay que saber calcularlos y obtener la mejor condición en tasas que sean certeras” concluyó.