De acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva del fuero común elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato se posiciona en octubre como el estado con el mayor número de víctimas de homicidio dolosos a nivel nacional, y el tercero con la incidencia delictiva total más alta en el país.
Las víctimas de homicidio doloso por entidad federativa posicionan en primer lugar al estado de Guanajuato con 320 casos, seguido de Guerrero con 204 y en tercer lugar Sinaloa con 182. Sin embargo, en la incidencia delictiva total, el Estado de México se posiciona en primer lugar con 32 mil 109 presuntos delitos, Ciudad de México con 18 mil 527 y en tercer lugar Guanajuato con 10 mil 322.
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Este informe, que recopila datos proporcionados por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, detalla una amplia gama de delitos prioritarios, incluyendo homicidio doloso, feminicidio, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transportistas, robo a transeúntes, violencia familiar y narcomenudeo.
En la comparativa de octubre 2024 con el mes de septiembre, se registró un incremento de 9,151 delitos en la incidencia delictiva total. Entre los delitos que mostraron un aumento significativo se encuentran el secuestro, extorsión, y diversas modalidades de robo, además del narcomenudeo.
En respuesta al panorama de inseguridad, la gobernadora Libia Dennise García presentó a inicios del mes de noviembre la estrategia “Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza Anticrimen” (CONFÍA). Este programa, basado en diez pilares fundamentales, busca fortalecer la colaboración entre la federación, el estado y los municipios.
CONFÍA abarca áreas estratégicas como inteligencia policial, prevención del delito y atención integral a víctimas, con el objetivo de dar un giro efectivo a los esfuerzos de seguridad en la entidad.
A pesar de los retos que enfrentan las autoridades, Guanajuato continúa como un foco de atención nacional en materia de seguridad pública, evidenciando la necesidad de estrategias más robustas y eficaces para contrarrestar la incidencia delictiva que afecta a la población.