El estado de Guanajuato se ha posicionado como el tercero en todo el país, con la mayor cantidad de casos de corrupción judicializados por la Fiscalía; esto durante el presente año, según refieren los registros del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En el reporte denominado ‘Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción’, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, se dio a conocer que la entidad ha sido una de las tres en toda la República Mexicana que sí judicializaron sus casos de corrupción, concentrando hasta el 17 por ciento del total registrado en el país.
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En este punto, sólo los estados de Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato reportaron haber dado ese tipo de atención a cada caso; mientras que, como contraparte, Chiapas, Morelos y Nayarit no dieron a conocer información sobre sus investigaciones judicializadas.
En cifras concretas, en la entidad se iniciaron 65 investigaciones por actos de corrupción, de las cuales 11 llegaron hasta un juez, y únicamente en nueve de ellas se obtuvieron vinculaciones a proceso; sin mencionar que no se obtuvo ninguna sentencia condenatoria luego de ello.
En cuanto a dichos resultados reportados por la fiscalía, aunque han sido clasificados como regulares, es importante decir que sí se ha observado un avance respecto al 2020, donde el estado había registrado solamente 47 casos judicializados.
No obstante, si bien esto resulta positivo para Guanajuato, dado que la mayor parte de los estados no han reportado datos al respecto, el IMCO sí ha precisado que la Fiscalía Anticorrupción del Estado todavía presenta algunas áreas de oportunidad que deben ser atendidas.
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En primer lugar, esto se refleja en su marco jurídico, ya que no cuenta con autonomía, un reglamento interno, un manual de procedimientos, y tampoco con protocolos de audiencias e investigación; resaltando que, sin este último instrumento, las indagaciones pueden resultar incompletas, imparciales e ineficaces.
Por otra parte, también se ha especificado que este año la Fiscalía Anticorrupción estatal no ha contado con los recursos suficientes, registrando hasta un 7.3 por ciento menos respecto al año 2021, con una cantidad total de 13 millones 229 mil 411; y desde el año 2019, la cifra ha mostrado una disminución constante.
Como otro punto que podría jugar en contra, se destacó la disminución, no solo de peritos, sino también de policías, esto desde el año 2020; año en el cual, en conjunto, lograron iniciar hasta 12 investigaciones en promedio, cada uno.
Tomando como base todo este panorama, IMCO hizo énfasis en la necesidad de que todos los estados cuenten con una Fiscalía Anticorrupción cuyo presupuesto sea coherente con la carga de trabajo que tienen, que cuenten con inmuebles, vehículos y equipos suficientes para desarrollar investigaciones de calidad.
MLMG