El reciente ataque con un dron y artefactos explosivos en las inmediaciones del edificio de la Policía de Uriangato evidenció que en el Congreso de Guanajuato está “congelada” desde hace cinco meses la iniciativa del PRI para tipificar y sancionar con hasta 10 años de cárcel el uso de drones con fines delictivos. No obstante, esta no ha sido dictaminada en la Comisión de Justicia.
"No debemos desconocer que los grupos delictivos están utilizando cada vez más estos mecanismos tecnológicos, como lo acabamos de ver, para vigilar a particulares, a negocios, a las autoridades, con el fin de cometer diversos delitos como robos, agresiones y tráfico de drogas".
"Esto representa una grave amenaza para la seguridad pública, pues pone en riesgo la vida, los derechos y las libertades de las personas, así como el orden y la paz social", señaló el coordinador de diputados, Alejandro Arias.
Asimismo, ocho meses atrás, en octubre de 2024, se presentó otra iniciativa para tipificar en Guanajuato como terrorismo el uso de artefactos explosivos en contra de edificios de seguridad. Ambas propuestas permanecen en la congeladora dentro de la Comisión de Justicia.
"La iniciativa de terrorismo y la de vigilancia con drones están en la Comisión de Justicia. Se hicieron algunas consultas, pero no ha habido mesas de trabajo para avanzar en su análisis. En los dos casos en concreto —tanto videovigilancia y drones, como terrorismo— lo que se pretende es proponer una homologación del marco del Código Penal Federal con el Código Penal Estatal, para que tengamos homogeneidad y la autoridad o los operadores de la norma puedan tener herramientas para responderle a la ciudadanía cuando se presenten este tipo de delitos", agregó el diputado Arias.
En este sentido, el llamado a los legisladores es a que, ante la situación de seguridad que enfrenta Guanajuato, se dé prioridad a las iniciativas que abonan al combate a la delincuencia.