IFT regulará y definirá los contenidos dentro de la red de Internet

Esta regulación tiene cuatro puntos de discusión: censura, presurización pagada, invasión a la privacidad de los internautas y la rendición de cuentas.

Flores remarcó que durante cinco años las empresas han aprovechado que ha sido terreno de nadie, "terreno sin regular". (Andrés Lobato)
Rafael González
Puebla /

Para fijar su postura ante el anteproyecto que presentó en diciembre de 2019 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (ITP) para delinear y regular la neutralidad de la red de Internet, se llevó a cabo la conferencia "Salvemos Internet, ¿Qué es la neutralidad de la red y por qué importa?", donde participaron José Flores, Cuauhtémoc Cruz, Claudia Muñoz y Lizeth Mejorada.

Fue el integrante de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, José Flores, quien explicó que con la Reforma en 2014 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación que creó el IFT, el cual dentro de sus lineamientos y funciones estaba la creación de un reglamento para el libre tránsito, no discriminación, privacidad y transparencia en el intercambio de datos en Internet, que se llama el principio de neutralidad de la red, el cual establece que las empresas que prestan este servicio no pueden discriminar por origen, tipo o contenido el tráfico de las aplicaciones, servicios y contenidos en Internet.

Indicó que eso significa que sin importar lo que uno esté viendo, el prestador del servicio no puede decidir que un contenido vaya más rápido que otro, lo que se incumplió.

Mencionó que derivado del incumplimiento por parte del IFT a regular la neutralidad en la red por parte de los prestadores del servicio de Internet y su postergación para definir sus lineamientos, diversas organizaciones civiles, en diciembre de 2019 se lanzó el anteproyecto, el cual va a estar en consulta durante 45 días, plazo que vence el próximo 6 de marzo.

La inconformidad, expresó, es que están usando un modelo distinto a lo establecido en nuestro país.

"Tiene cuatro puntos de discusión: permite la censura, presurización pagada, invasión a la privacidad de los internautas y la rendición de cuentas".

Añadió: "Dice que a petición expresa de una autoridad competente o por cuestión de seguridad nacional se puede restringir o bloquear el acceso a contenidos, servicios y aplicaciones de manera limitada, no específica ni en qué momentos, ni qué autoridades y además esto es anticonstitucional (ya que) ninguna autoridad en México tiene esas facultades. En segundo lugar, abre un tema llamado presurización pagada, la cual es que yo le permito a un proveedor de acceso suscribir acuerdos económicos con proveedores de contenidos, servicios y aplicaciones (...) para darles un trato preferencial para que mis servicios vayan más rápido, lo que genera irregularidades, esto genera un trato preferencial".

Abundó que "hay empresas que argumentan que este dinero se va a emplear en la infraestructura, pero también evidencia que señala que en verdad este tipo de acuerdos lo que hacen es que generan incertidumbre para no mejorar la infraestructura".

A manera de ejemplo, dijo que qué es más conveniente diez caminos donde se pueda transitar o que haya un camino donde ellos controlen quién va más rápido y quién va más lento?.

Resaltó que derivado de esta falta de regulación, en este momento si tu imagen se alenta o congela, "ni con la propuesta de lineamientos puedes saber si esa baja de calidad obedece a que está saturada la red en tu colonia, que se cayó algo de la infraestructura y tuvieron que hacer una gestión de tráfico propiamente y tuvieron que ver cómo darle servicio a todos o si tuvieron que ver con un servicio comercial. No hay forma ahorita que lo sepas ni que se detecte".

Remarcó que durante cinco años las empresas han aprovechado que ha sido terreno de nadie, "terreno sin regular para hacer medidas contra esta utilidad, y nosotros consideramos, un grupo de más de 30 organizaciones, que este es el momento que el IFT debería aprovechar para emitir reglamentos que justamente defienda este principio por una razón muy simple, el Internet es más que un centro comercial, es más que una cuestión de mercado. El acceso a Internet en México es un derecho constitucional y el gobierno mexicano no puede tomar medidas que contravengan el acceso a Internet para los mexicanos y estos reglamentos que priorizan la visión de las empresas y la visión mercantilista está en efecto en contra de este mandato y de este espíritu de generar más y mejor acceso de Internet para la población", concluyó.


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