El cierre de la estación temporal del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado de Puebla, situación que se repite en otros 32 puntos del país, genera un "efecto dominó" en contra de los derechos de los migrantes y aumenta el trabajo para los albergues de la sociedad civil que les brinda apoyo en su paso por territorio nacional con destino a Estados Unidos.
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Guillermo Yrizar Barbosa, investigador en movilidad humana del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, resaltó que el cierre temporal de las estaciones migratorias en donde permanecían detenidos los migrantes extranjeros en situación irregular no se traduce en el camino para terminar con las violaciones a sus derechos humanos.
Destacó que, ante el cierre de las estaciones provicionales del INM, los albergues de apoyo a los migrantes que son operados por la sociedad, en su mayoría por las dimensiones de la iglesia católica, registran un aumento de las personas llamadas “sin papeles” que quieren cumplir el llamado “sueño americano”.
“A algunos albergues del sur del país ya están viendo que se les está cargando la mano en cuanto a que van a apoyar a las personas o que les canalicen, que les lleven a migrantes. Al no estar estas estancias, los migrantes estarán en situación de calles. Los albergues de la sociedad civil, muchos de ellos, de organizaciones religiosas, tengan una sobre carga de trabajo”, destacó.
Las violaciones hacia los migrantes continúan en México a pesar del cierre de 33 estaciones del INM porque el esquema de detención sigue operando y continúa abiertas 17 instalaciones más, explicó el investigador de la institución que forma parte del Sistema Universitario Jesuita.
De acuerdo con el propio INM, las 17 estaciones migratorias que siguen operando, cuentan con la capacidad para alojar a cuatro mil 786 personas, de ellas, las de más alta concentración se ubican en Tapachula, Chiapas, que puede recibir a 960 personas; Acayucan, Veracruz, con capacidad para 836 personas; Villahermosa, Tabasco, 532 migrantes; e Iztapalapa, en la Ciudad de México, 502 personas. De manera adicional, el gobierno de México cuenta con tres espacios denominados Centro Integrador para el Migrante que se localizan en los estados de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, para alojar a mil 200 migrantes.
“Esto no quiere decir que las estaciones migratorias como las de la Ciudad de México, la de Tapachula, Chiapas; la de Acayucan Veracruz, cierren. Las de Puebla y Tlaxcala están, junto con otras más, para un total de 33, cerradas. Sobre las consecuencias, me atrevería a decir que no lo tenemos claro, pero, por otras experiencias, en el caso del sur del país, me preocupa que se replique esa situación en términos de las cargas que van a recibir como los albergues para migrantes”, apuntó.
Ante el panorama de violaciones a los derechos de los migrantes, Yrizar Barbosa resaltó la importancia de implementar un cambio en las políticas para atender el paso de quienes están en situación de movilidad y buscan mejorar sus condiciones de vida.
Resaltó que desde antes del incendio que se registró la noche del lunes 27 de marzo de 2023 en el área de alojamiento de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 40 migrantes murieron en el lugar y en hospitales, ya se había advertido sobre las irregularidades y las violaciones a las garantías individuales de quienes son detenidos.
“En nuestros estudios en los centros de detención de Puebla y Tlaxcala, nos revelaron los migrantes que son tratados como si no valieran nada, que solo aquellos que no tienen para pagar son detenidos; que son tratados como presos de máxima seguridad; además, el temor a que si alguien muere, nadie se entera”, expresó.
CHM