Los funcionarios públicos con antecedentes de agresión sexual, agresiones por razones de género y adeudos de pensión alimenticia, no podrán postularse para un cargo en la función pública o serán destituidos si están en el puesto, esto es lo que plantea la iniciativa para reformar los artículos 21,37, 59,63, 74 y 108 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, promovida por la diputada priista Sofía Mosqueda.
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"Se han suscitado casos, hay uno de un magistrado en la ciudad de México que está acusado de violación. El que se dio aquí con el alcalde de Zapotlanejo que golpeó a una mujer. Entonces cómo podemos tener representantes, en la función pública, que manejen estos temas como si fueran normales y no podemos normalizar la violencia".
De ser aprobada, desde trabajadores de dependencias públicas hasta el gobernador estarán sujetos a esta disposición.
"Queremos empezar desde un entorno al interior de cada uno de los entes públicos. Estamos abarcando magistrados, jueces, regidores, presidentes municipales, gobernador, diputados y funcionarios públicos".
Este miércoles la iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género y de Puntos Constitucionales para su análisis, y cuenta con el respaldo de las fracciones parlamentarias de MORENA Y Movimiento Ciudadano, debido a que juntos, ambos partidos representan mayoría en el congreso es muy probable que sea aprobada próximamente.
MC