El gobierno de Jalisco se niega a entablar una mesa de diálogo con los colectivos y expertos en la gestión integral del agua, denunció el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).
“El gobierno de Jalisco no quiere escuchar científicos, no quiere escuchar conocimiento técnico, no quiere transitar a nuevas políticas”, dijo una de sus integrantes, María González Valencia, y afirmó que desde hace años, en Jalisco se implementa una política violatoria que consiste en tandeos, recortes y distribución del líquido a través de pipas, estén o no estén conectadas al sistema de agua potable.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su reciente censo 2020, contabilizó que en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) existen 387 mil 493 personas que no tienen agua. Zapopan (32.81 por ciento) , Tlajomulco de Zúñiga (32.19 por ciento) y El Salto (10.47 por ciento) son los tres municipios con mayor cantidad de habitantes que no están conectados a una red municipal o intermunicipal de agua potable y que dependen del sistema de pipas.
De acuerdo con María González, no hay regulación de las empresas que tienen el permiso para vender al agua a través de pipas, que fundamentalmente esa agua es de pozo, subterránea y es un mercado. El segundo elemento que no se regula es la calidad de agua de esas pipas, pues no se evalúa.
La activista cuestionó la declaratoria de sequía que Enrique Alfaro Ramírez solicitó el pasado 24 de marzo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual está siendo analizada por las autoridades federales. Señaló que de haber una sequía severa, debería cerrarse la llave a las grandes empresas que acaparan el recurso del estado, en primer lugar al sector inmobiliario, y no responsabilizar al ciudadano de temas que le compete resolver al gobierno, como el mal estado de las tuberías.
Actualmente, la Ley de Aguas Nacionales, las políticas públicas estatales y municipales, así como los reglamentos, benefician al capital, a las grandes empresas, agregó María González. Dijo que la supuesta declaratoria de sequía severa solo abre camino a las autoridades estatales para la construcción de infraestructura obsoleta, como las presas.
JMH