La Legislatura del Estado de México autorizó a la Contraloría de este poder ampliar su área de situación patrimonial para estar en condiciones de revisar, al azar, a cuando menos 10 por ciento de los funcionarios de elección popular de los 125 ayuntamientos, para verificar que no se hayan enriquecido de manera ilícita durante su paso por el servicio público, informó el contralor, Juan José Hernández Vences.
Por lo pronto ya iniciaron con la ampliación física y en breve contratarán abogados, contadores públicos y economistas para hacer estos trabajos de manera permanente, año con año, pues hasta el momento sólo se hace con las y los legisladores y en el ámbito estatal, por la Contraloría estatal , pero quienes llegan electos por el voto, en los ayuntamientos, se habían librado de estas revisiones.
¿Porqué se hace está verificación?
El objetivo de la verificación de la evolución patrimonial, de acuerdo a la legislación mexiquense, es detectar un incremento en el patrimonio que no sea explicable y, o justificable, en virtud de los ingresos declarados en su manifestación de bienes, de intereses y fiscal que deben presentar al iniciar, al final y cada año, durante su paso por el servicio público.
El contralor dio a conocer que para fortalecer esta área van a contratar a un par de abogados, contadores públicos y economistas. La intención es contar con el padrón de regidores, síndicos y alcaldes para hacer un sorteo y seleccionar a 10 por ciento, como se hace en cada una de las áreas de la Legislatura.
Esto implica que además de revisar la evolución patrimonial de al menos ocho legisladores y legisladoras, tendrán que ver a 12 alcaldes, 12 síndicos y como 20 regidores, a quienes les revisarán todos sus ingresos y egresos, desde que empezaron en el ayuntamiento donde fueron dados de alta, para verificar que los datos sean coherentes y conocer si tienen más propiedades en otras entidades o más cuentas bancarias.
Las autoridades encargadas de la verificación de la evolución patrimonial, indica la norma, deberán realiza un análisis de la información contenida en los rubros de ingresos, bienes inmuebles, bienes muebles, inversiones, vehículos, gravámenes y declaración de intereses, a fin de determinar si existe un incremento en el patrimonio que no sea congruente con los ingresos percibidos y la información declarada por la persona servidora pública.
Para ello puede acudir a diversas autoridades, para pedirles datos, información o documentos que puedan servir para verificar la información declarada por los servidores públicos, si hay posibles irregularidades, le darán garantía de audiencia a la persona y agotarán los tiempos para sancionar o incluso dar vista al Ministerio Público.
Esperan tener ya iniciado el trabajo en diciembre y poderlo concluir el siguiente año, aunque ya no estén los actuales funcionarios. Lo importante, subrayó, es que sepan que todos son vigilados y revisados.
“El poder legislativo nos está apoyando con todo y vamos a tener más personal porque lo que se busca es la transparencia y que los ediles sepan que están vigilados y por ley se hará esto todos los años” concluyó Juan José Hernández.
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