Frente a las próximas elecciones del 2021, Yndira Sandoval, miembro de “Las Constituyentes CDMX” y miembro de la red “Nosotras Tenemos” expresó la necesidad de aplicar la iniciativa de 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres dentro de los criterios del Instituto Nacional Electoral (INE) para elegir a los candidatos.
Esta iniciativa, la cual ha sido presentada en estados como Chiapas, Oaxaca y Chihuahua, busca evitar que accedan a cargos de elección popular, personas que cuenten con antecedentes de denuncia, investigación o procesamiento por violencia familiar, doméstica, delitos sexuales, o esté registrado como deudor alimenticio.
“No basta actualmente no tener un conflicto de interés, no tener un asunto ligado al crimen organizado, no basta con cumplir los requisitos de elegibilidad. No podemos pretender cuidar o proteger un derecho en el ámbito público que violemos en el espacio privado”, precisó Yndira, durante un conversatorio realizado ayer.
Durante el evento, Patricia Olamendi, promotora de los Derechos Humanos, resaltó la responsabilidad de los partidos políticos para construir y fortalecer la democracia, así como asegurar la paridad en todos los cargos de elección y eliminar toda forma de violencia política en razón de género, dentro del proceso electoral.
Asimismo, Claudia Calvin, fundadora de “Mujeres Construyendo”, mencionó la responsabilidad de género en materia electoral no se debería de estar hablando, ya que en otro contexto sería completamente absurdo darle oportunidad de obtener un puesto público a una persona con estos cargos, sobre todo, en un país donde la violencia hacia las mujeres es una problemática bastante alarmante.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer semestre de 2020, en el Estado de México se denunciaron 63 feminicidios; de igual manera, se sumaron 6 mil 768 mujeres víctimas de lesiones dolosas y se denunciaron 6 mil 95 delitos de violencia familiar ante la autoridad.
Asimismo, entre enero y junio se registraron 897 delitos de violencia de género, así como 860 de violación y, a través del 911, se contabilizaron 228 llamadas de emergencia relacionadas con acoso u hostigamiento sexual.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia a nivel nacional, al mismo tiempo que 68 por ciento de las madres solteras no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos. Estas cifras muestran la relevancia de la propuesta y urgen a las autoridades electorales a tomar cartas en el asunto.
LP