Las agresiones comienzan en casa y se llevan a los juzgados mexicanos, donde los alegatos, en algunos casos, terminan en golpes y las infancias se vuelven un arma blanca para agredir a la ex pareja.
El adultocentrismo convirtió la ruptura del matrimonio en un tipo de violencia infantil que afecta a 56 de cada 100 familias con hijos, según cifras oficiales. Mientras que la vía judicial de resolución deja en el último eslabón el interés superior de niños y niñas, que además de sufrir las secuelas psicológicas o físicas de la separación de sus padres, padecen la burocracia y corrupción enquistada en los juzgados de lo familiar.
La muestra queda en los últimos números recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en cuanto a separaciones. Tan solo en 2020, 84 mil 20 divorcios llegaron a un juzgado, de los cuales 53.2 por ciento tenían entre uno y tres hijos, lo que resulta que 143 mil 690 niños, niñas y adolescentes fueron vulnerables.
- Te recomendamos Crean mesa para atender casos de desaparición de personas migrantes Política
Meztli es víctima de un sistema judicial burocrático y de una ex pareja que ha hecho lo posible para romper cualquier vínculo materno con su hija. Al día de hoy, lleva más de 623 días sin estar con ella.
“El señor está acusado y vinculado al proceso por haber sustraído a mi hija para seguir haciéndome daño”, dijo a MILENIO.
Tras la separación, el imputado trasladó a la niña de la Ciudad de México a Cuernavaca, Morelos, donde, según denunció, se han detectado al menos 14 casos similares donde los tribunales han cobijado a agresores en el terreno de lo familiar.
Meztli forma parte de lo que se ha bautizado como “violencia vicaria”, que refiere el daño a la mujer a través de sus cercanos y de manera particular de sus hijos, y se convierte en un botón de muestra de las variables formas de violencias que se generan en los juzgados mexicanos.
Aunque no existen cifras sobre este tipo de agresiones en particular, según estimaciones de la primera Encuesta Nacional acerca de Violencia Vicaría en México, elaborada por la agencia Altermind a petición del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV), nueve de cada 10 agresores contarían con formas para bloquear los procesos legales de manera ilegal.
Además, de acuerdo con el documento, el 80 por ciento de las víctimas consultadas habrían sido separadas de sus hijos de forma inesperada, con amenazas previas; y además, cada semana las mujeres tendrían que invertir una tercera parte de su jornada laboral para atender procesos legales.
Meztli ya interpuso una denuncia ante las autoridades ministeriales contra su ex pareja por amenazas; violencia física y emocional. También, acusó haber recibido malos tratos por parte de amigos y familiares cómplices de su agresor, quienes le han impedido recuperar a su hija y su seguridad.
“Se está pidiendo una cuantificación total del daño y aparte que se restituya a mi hija para que no esté con mi agresor, sabiendo que ninguna persona puede custodiar a una menor estando en un proceso penal y eso la pone en riesgo tanto feminicida, como ella, y a mi persona”, añade Meztli, quien se ha manifestado en las inmediaciones de las instalaciones de los juzgados familiares en Ciudad de México y de otras ciudades para pedir la creación de una ley contra la violencia vicaria.
Desde enero de este año fue presentada una propuesta de ley para incluir la violencia vicaria dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y así modificar la ley de acceso a la vida de las mujeres libre y violencia, además de adhesiones al Código Civil y al Código Penal, pero aún se mantiene como borrador.
Infancias invisibles ante un aparato corrupto
Pero el problema no es cuestión de género. Miguel Ángel Plata lleva más de cinco años en un juicio por la custodia de sus hijos. Een este tiempo se ha convertido en la cámara oculta de los juzgados donde documentó una serie de irregularidades, incluyendo la sustitución de su hija por otra menor para elaborar las pruebas psicológicas que integran el peritaje de su caso.
“El único que gana es el abogado”, refierió Miguel a MILENIO como testigo de una cadena de corrupción que cosifica a los niños para utilizarlos como un arma blanca.
En su acompañamiento a otras personas que, tras el divorcio se encuentran en la misma situación, asegura que la perspectiva de género se queda corta para definir un acto tan vil, similar a un duelo a muerte, “el que llega al juzgado y denuncia primero, tiene la ventaja”, agrega.
No se considera víctima, pues asegura, los afectados de la separación, y de la corrupción son sus hijos.
En noviembre de 2017, según documentos judiciales de los que MILENIO tiene una copia, funcionarios del DIF de la Ciudad de México fueron denunciados por haber realizado dichas pruebas sin autorización de los padres.
“Descubrimos que mi hija menor de edad fue sustituida por otra, lo cual involucra un delito o posible delito. Y a quien resulte responsable, el adulto o adultos que llevaron a la otra menor de edad, a la supuesta licenciada de trabajo social que firmó el informe por el ministerio público, que además es a modo”, acusó Miguel Ángel.
Los menores también habrían sido víctimas de la manipulación y, por ende, del maltrato infantil; verdaderas víctimas de procesos irregulares y tardados, donde no se aplica el interés supremo a la niñez.
Miguel Ángel, a través de la organización Maas Infancia Feliz, también ha buscado impulsar diversas iniciativas para priorizar el supremo derecho a la niñez, y lo que llama “una infancia libre de manipulación”.
“La manipulación que enfrenta mi hija y mi hijo va a continuar mientras un juez de familia no intervenga”.
La violencia infantil resultado de la separación está afectando a nivel generacional, y desde la psicología se advierte que hoy en día, y como consecuencia, está el rechazo al compromiso a fin de no repetir patrones, problema que se traslada a las relaciones laborales y a los vínculos sociales.
Consultada al respecto, Cristina Herrera García, psicóloga especialista en intervención temprana a niños, refirió que la separación de los padres es por sí sola un trauma para las infancias, y su gravedad depende de la etapa de desarrollo, así como del tacto que se tenga con ellos durante el proceso.
“Las parejas creen que un juez va a resolver el problema, pero no es así, además es muy desgastante y para nada es un ambiente en donde un niño o niña tenga que estar”, explica.
Aunque desde la sociedad civil se han impulsado ya varias rutas legislativas, ya sea para tipificar la violencia vicaria o para priorizar a las infancias, el problema persiste en los juzgados, y el instrumentalizar a los hijos y las hijas se vuelve una de las formas más extremas que adopta la violencia en México.
EABZ