El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) aplaudió que la nueva administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, haya planteado metas ambiciosas y compromisos concretos para contribuir a resolver la emergencia climática que azota al planeta, así como los objetivos que México llevará a la Conferencia de las Partes (COP29) del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que se realizará del 11 al 22 de noviembre en Bakú, Azerbaiyán.
En un comunicado, el CEMDA celebró la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, ha enumerado que entre los objetivos de México ante la COP29 están la actualización del Plan Nacional de Adaptación y de Mitigación, la activación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).
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Asimismo, tanto la secretaria Bárcena como el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo, José Luis Samaniego, se han referido públicamente a que México buscará aumentar la ambición de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) del 35 al 45 por ciento para el 2030. Para alcanzar este objetivo, respecto de la línea base de 1991, se tendrían que reducir 347 megatoneladas de CO2e.
De acuerdo con la organización, otros objetivos y acciones del actual gobierno como son: definir metas de energía y soluciones basadas en la naturaleza; subir la participación de las energías renovables del 32 al 45 por ciento para el 2030 (eólica, fotovoltáica e hidroeléctrica); buscar que México pueda ser carbono neutral para el 2050 o 2060; y dejar de vender motores de combustión interna para el 2040.
Al respecto, se busca que para el 2030, los vehículos eléctricos tengan una penetración de, por lo menos, el 30 por ciento en el mercado. Asimismo, habló de que se promoverá la participación de la economía social —ejidos, comunidades y cooperativas rurales— en la generación de energía, entre otros temas.
No obstante, la organización destacó que para ser congruente con los compromisos de combate al cambio climático que ha suscrito ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Estado mexicano debe dejar de apostar por combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el combustóleo y el gas fósil, e implementar políticas públicas realistas y realizables que permitan avanzar de manera eficaz hacia una transición energética justa.
CEMDA, observadora en negociaciones de la COP
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) participará como organización de la sociedad civil acreditada como observadora para el proceso de negociación de la COP29. Su director Ejecutivo, Gustavo Alanís, llegó a Bakú, Azerbaiyán, junto con Carlos Asúnsolo, gerente de Investigación y Política Pública, y Margarita Campuzano, directora de Comunicación de la organización.
“La urgencia de alcanzar nuevos acuerdos, más ambiciosos, nunca ha sido mayor, como tampoco ha sido nunca tan urgente que los países pongan manos a la obra para frenar el calentamiento global”, indicó.
La organización destacó que el mes de octubre de 2023, por ejemplo, fue el más cálido hasta ese momento, y luego octubre de este año volvió a romper el récord. Estos datos, del observatorio Copernicus, de la Unión Europea, llegan después de que esa misma institución informara de que todos los meses de 2023 estuvieron 1.5 grados Celcius por encima de la media preindustrial.
“Los desastres ambientales provocados o exacerbados por el cambio climático, mientras tanto, suceden en todos los continentes. En España, una tormenta repentina arrasó con zonas principales de la ciudad de Valencia —una de las más importantes del país—, mientras que la cuenca del Amazonas pasa por una terrible sequía”, señaló.
De esa manera, dentro de la COP29, el CEMDA fijó cuatro prioridades para abonar a que México se adapte y contribuya con todo lo que puede a paliar esta crisis que nos afecta a todos:
Dar seguimiento al cumplimiento de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) de México; mantener y fortalecer el trabajo para que el gobierno mexicano cumpla la ley y reduzca sus emisiones de metano a la atmósfera; fortalecer las alianzas que ya hemos hecho y formar otras nuevas para actuar en contra del metano en la arena internacional y sacar al mundo de esta economía basada en combustibles fósiles y promover una transición energética justa en México y con respeto a los derechos humanos ambientales y garantizando el respeto a los defensores ambientales, como establece el Acuerdo de Escazú, del que México forma parte.
LP