En el país, no existe un estado en el que las mujeres no sufran violencia en cualquiera de sus dimensiones, desde la física hasta la emocional, pasando por la económica, la psicológica y hasta laboral.
En el punto anterior coincidieron Nadia Castillo Romero, directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, y Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, para quienes es fundamental detener la violencia contra las mujeres.
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Castillo Romero destacó que, a lo largo del año 2022, se registraron tres mil 754 homicidios de mujeres en México, de los cuales, menos de una tercera parte, 947, fueron investigados como feminicidios.
La directora del Departamento de Ciencias Sociales de la institución que forma parte del Sistema Universitario Jesuita destacó que la participación económica de las mujeres se presenta bajo condiciones de explotación, precariedad, disparidad salarial, inseguridad y violencia
“El contexto derivado de la covid-19 ha evidenciado múltiples manifestaciones de desigualdad de género que van desde la caída de la participación laboral hasta el aumento de la violencia doméstica”, comentó.
El contexto derivado de la covid-19 remarcó múltiples manifestaciones de desigualdad de género que van desde la caída de la participación laboral hasta el aumento de la violencia doméstica, resaltó.
Del año 2019 al primer trimestre del año 2021, de acuerdo con el Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla, se registró una mayor caída en la participación laboral de las mujeres, 7.5 por ciento, que en la de los hombres, 5.2 por ciento. A la par, de 2019 al primer trimestre del 2021, a pesar de que existió una mayor recuperación en las mujeres de un 4.2 por ciento frente a un 3.7 por ciento de los hombres, la brecha de género en ocupación se amplió en 0.3 por ciento.
Por su parte, Olivares Ferreto resaltó la importancia de poner el foco en las familias de las víctimas de los feminicidios, que son vulneradas por las instancias gubernamentales con prácticas deshumanizantes y antiéticas.
“No hay una sola entidad federativa en donde las mujeres no corramos riesgo de violencia feminicida, y no hay una sola en donde las fiscalías sean eficientes en la investigación” afirmó Olivares Ferreto.
A este panorama se suma la criminalización de las protestas de las mujeres por parte del Estado, quienes exigen un alto a la violencia que las acecha en todos los rincones del país y en todas sus dimensiones.
“Con argumentos descalificantes como que son grupos de choque opositores al gobierno en turno, se llama a la estigmatización de la protesta y la deslegitimación de las demandas”, lamentó Olivares Ferreto.
En tanto, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, agregó que una de las crisis que comparten todos los países de la región y que ha sido el detonante de graves violaciones a los derechos humanos es la crisis migratoria, donde las mujeres son víctimas de violencia.
Resaltó que casi 19 millones de personas fueron relegadas a la pobreza extrema en América Latina, situación que evidencia la carente respuesta de las políticas migratorias, mismas que son crueles e inhumanas.
“Cuestiones como el comercio humano y el uso excesivo de la fuerza a personas que huyen de sus países por las condiciones adversas, son la prueba de esos calificativos”, apuntó la especialista.
AAC