Encabezados por el abogado Paulo Diez Gargari y los diputados Max Correa y Faustino de la Cruz Pérez, un grupo de ciudadanos “recuperaron simbólicamente” un tramo del Viaducto Elevado Bicentenario en el municipio de Naucalpan de Juárez y exigieron que la Federación rescate la vialidad y se anule el peaje.
“Promovimos un exhorto para que fuera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que recuperara la vialidad elevada que se construyó sobre un terreno federal, el cual se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y no hemos tenido respuesta”, dijo Diez Gargari.
Resaltó que, en apego a la legalidad, esperan que la autoridad reciba el tramo del Viaducto Bicentenario, porque es una ilegalidad que el gobierno estatal extienda la concesión a la empresa Aleatica (antes OHL), cuando ya recuperaron su inversión y siguen lucrando con un bien que no les corresponde, señaló el abogado.
Indicó que este es un tema de interés nacional que va más allá de filiaciones partidistas, aunque resaltó que ha tenido el apoyo del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
- Durante la manifestación en el Viaducto Elevado, los colonos exhibieron un oficio en el cual la SCT asegura que en sus archivos no obra ningún documento o título que acredite la concesión, operación o explicación de la autopista urbana.
Aleatica responde
En respuesta, la empresa Aleatica, titular de la concesión del Viaducto Elevado, a través de un comunicado, desmintió la versión del abogado Paulo Diez, quien en distintas ocasiones ha intentado desconocer la validez del Título de Concesión que el Estado de México licitó de forma pública y competitiva para la operación del Viaducto Elevado Bicentenario.
La empresa concesionaria informó que el 21 de abril de 2008 el Gobierno del Estado de México, a través de su Secretaría de Comunicaciones, otorgó la concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Viaducto Elevado Bicentenario (VB) con una vigencia inicial de 30 años.
Agregó que, “la desafortunada toma de una vía de comunicación promovida por Díez e Infraiber, además de ser una forma indebida e ilegal de buscar presionar al gobierno federal, es un intento más de tratar de imponer una agenda privada, haciéndola parecer de interés público".
KVS