Más de 12 millones de mexicanos que pertenecen a 68 pueblos indígenas del país, entre ellos, un millón de hablantes de alguna lengua originaria que habitan en el estado de Puebla, padecen exclusión, reciben escasa atención y carecen de voz y de participación en la vida política para influir en las decisiones de gobierno.
De acuerdo con el análisis “Reflexiones en torno a la ciudadanía de los pueblos originarios en México”, realizado por José Luis Estrada Rodríguez, investigador de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y por Martha Nateras González, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), en el país, el voto y la seguridad social no son suficientes para promover una verdadera igualdad.
Estrada destacó que, en el caso de Puebla, la cifra de población indígena corresponde a un millón 94mil 923 personas, de las cuales el 50.64 por ciento están en el rango de edad de 15 y 64 años.
“En Puebla, cinco de cada 10 personas que proceden de un pueblo originario en el Estado cuentan con una edad de 15 a 64 años. En tanto, 351 mil 601 cuenta con una ocupación, y apenas el 21 por ciento, unos 74 mil 380 gana más de dos salarios mínimo al mes”, explicó.
El investigador miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (Amecip) resaltó la importancia de configurar una mirada crítica que favorezca los derechos humanos de esta identidad cultural de la población.
Conforme a las últimas cifras publicadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en México habitan un total de 12 millones 25 mil 947 personas indígenas. De estos, 3 millones 794 mil 211 pertenecen a la población ocupada, y apenas el 30 por ciento, casi un millón 138 mil personas ganan más de dos salarios mínimos al mes.
Ante esta realidad, resaltó que existen diferencias que la modernidad provoca en las comunidades indígena y llamó a la búsqueda de la reivindicación de los derechos humanos y la comprensión de su cosmovisión.
Tanto Nateras González como Estrada Rodríguez coinciden en proponer la instauración de la ciudadanía, igualdad y homogeneización entre los individuos.
En su análisis, los investigadores analizan el caso de Víctor Manuel Gaona Luna, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP y originario de una comunidad indígena de la Sierra Norte, quien tuvo la oportunidad de estudiar y desarrollar un software de información general sobre las comunidades indígenas del Estado, para así brindar mayor visibilidad.
En otro punto, se instaló la Junta de Gobierno del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), donde el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez y Rafael Bringas Marrero, fueron elegidos como presidente y director del organismo, respectivamente.
Para cumplir con la reforma a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos Indígenas por la que se crea el IPPI, se celebró la primera sesión con representantes de todas las etnias en el estado, especialistas y autoridades.
MPL