Ante los abusos y las violaciones que se cometen en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), es necesario un cambio estructural para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes que están buscando un mejor futuro.
Derzu Daniel Ramírez Ortiz, director de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), destacó que el esquema migratorio mexicano está rebasado tanto en infraestructura como en recursos económicos y humanos.
“Es un problema, yo diría estructural, del sistema migratorio mexicano. No solo lo digo yo, lo dicen muchos informes, en muchos de los establecimientos donde se concentran a los migrantes, muchas de las agencias de las autoridades migratorias, hay una cultura del abuso, hay una cultura de la transgresión de los derechos humanos”, apuntó.
De acuerdo con el “Informe sobre Desaparición de Personas Migrantes en México”, realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes México (SJM-México), en las estancias del INM de los estados de Puebla y Tlaxcala se detiene, contiene, incomunica, se procesa de una forma inadecuada y, en general, se violentan derechos de las personas migrantes.
Al respecto, Ramírez Ortiz explicó que, en general, las estancias migratorias están rebasadas en infraestructura y en recursos económicos ante la cantidad de personas de origen extranjero detenidas por carecer de la documentación correspondiente.
“La infraestructura no es suficiente, las estancias están totalmente rebasadas con respecto al flujo migratorio proveniente de Centroamérica y Sudamérica. La institución está rebasada presupuestalmente y en términos de recursos humanos y todo eso va provocando que la atención al migrante sea inadecuada”, añadió.
En medio de la falta de recursos que padece el Instituto Nacional de Migración, se presentan abusos y diferentes violaciones a los derechos humanos de los migrantes, quienes salieron de sus lugares de origen con el objetivo de alcanzar un mejor presente y futuro.
“En esa interacción que el migrante tiene con las autoridades mexicanas, existe mucha corrupción, violación de derechos humanos”, resaltó el investigador en temas migratorios y relaciones internacionales.
Para el director de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Upaep, la situación que se presenta en las estancias migratorias, no solo de Puebla y Tlaxcala, sino de otros estados como Chiapas, resta credibilidad y calidad moral al gobierno de México para que pueda exigir respeto a los derechos humanos de los connacionales en Estados Unidos.
“Eso le resta mucha autoridad moral al Estado Mexicano cuando nuestro país se enfrenta a las declaraciones y a posturas antiinmigrantes que provienen de Estados Unidos. ¿Con qué cara reclamamos el maltrato?”, destacó.
AFM