Activistas de diferentes organizaciones exigieron a las autoridades migratorias y a los gobiernos federal y estatal respeto al derecho a la no devolución y garantizar la posibilidad de solicitar la condición de refugiado a las 118 personas en tránsito que fueron detenidas en el municipio de Apizaco, en Tlaxcala.
A través de un comunicado, el albergue La “Sagrada Familia”, la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Tlaxcala y la asociación civil “Un Mundo Una Nación” reprobaron que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador privilegie la contención, disuasión, detención, criminalización y deportación de estas personas, aún cuando esas acciones han sido cuestionadas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la misiva subrayaron que la pobreza económica que enfrenta gran parte de la población centroamericana se agravó en el último año por la emergencia sanitaria de covid-19, aunado a la devastación causada por los huracanes Eta y Lota, así como el clima de violencia generalizada que se vive. Por lo anterior, exigieron al gobierno federal que responda con acciones humanitarias y solidarias en apego a los compromisos que México ha adquirido mediante los tratados internacionales de derechos humanos.
“Que respeten el derecho a la no devolución ya que muchas de estas personas son sujetas de protección internacional por lo que se les debe garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado; y que atiendan sus necesidades humanitarias con un enfoque diferenciado que tome en cuenta el género y la edad de las personas detenidas ya que la legislación mexicana prohíbe la detención de niños, niñas y adolescentes no acompañados y acompañados”, reza el documento.
Las organizaciones civiles también hicieron un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que en el ámbito de su competencia, investiguen si la presunta participación de personal seguridad privada de la empresa Ferrosur en esta detención masiva se dio conforme a derecho, ya que en las últimas semanas el albergue ha documentado agresiones contra migrantes perpetrados por supuestos guardias de una empresa de seguridad privada.
AFM