La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encabezada por Mariana Boy, llevó a cabo la clausura de 11 aserraderos clandestinos en 13 estados donde se han identificado zonas críticas forestales.
“Tanto la Profepa como la Semarnat estamos comprometidas con frenar estas actividades ilegales y en apoyar el aprovechamiento legal y sustentable de los bosques de la mano de sus habitantes, pues sabemos que la problemática de la tala ilegal es muy compleja y que además de las medidas dirigidas a frenar la extracción ilegal es necesario atender a sus causas y trabajar para impulsar el aprovechamiento sostenible y fortalecer el tejido social y las gobernanzas comunitarias”, dijo la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
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El pasado 14 de noviembre, la Profepa llevó a cabo acciones simultáneas de inspección y vigilancia en aserraderos de las zonas críticas forestales, donde además clausurar 11 denominados Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales (CAT) que operaban en la ilegalidad, aseguró más de 482 metros cúbicos de madera –pino, parota y algunas especies tropicales–, dos vehículos y 15 maquinarias de aserrío como torres, motosierras, carros de empuje, bancos, péndulos, cepillo, canteadoras, enchapadoras, entre otros.
En cada una de las instalaciones visitadas se revisaron las autorizaciones que acreditan el legal funcionamiento; se cuantificó el volumen de madera en existencia y se cotejó que coincidiera con los documentos que acreditan su legal procedencia.
Las acciones de inspección –que en algunos casos continúan–, se llevaron a cabo en: Escárcega, Campeche; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Chihuahua; Ajusco-Lomas de Tepemecatl en Ciudad de México; Pueblo Nuevo, Durango; Zempoala-Ocuilan, Estado de México.
Además de Acaxochitlán, Hidalgo; la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán; Zempoala-Huitzilac, Morelos; Galeana, Nuevo León; Carrillo Puerto, Quintana Roo; Zona de Influencia del Parque Nacional La Malinche, Tlaxcala y la zona sur de Yucatán.
Las Profepa precisó que no se encontraron irregularidades en los CAT de Galeana, Nuevo León, y Carrillo Puerto, Quintana Roo, donde las instalaciones contaban con las autorizaciones de funcionamiento correspondientes y la madera que almacenaban coincidía con su registro de entradas.
Dichas acciones fueron realizadas en coordinación con instituciones de seguridad tanto estatales como federales, entre ellas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Sedena. Además, los procesos de revisión en algunas de las entidades aún continúan.
“No vamos a bajar la guardia, estaremos vigilando e inspeccionando de manera permanente, con la colaboración de las instituciones de seguridad y en coordinación con las autoridades ambientales”, enfatizó la procuradora Mariana Boy.
Destacó que estas acciones forman parte de la misión de la Profepa de contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental, ya que en el caso de los ecosistemas forestales, las principales amenazas que los bosques enfrentan y competen a la Procuraduría son la extracción y los cambios de uso de suelo ilegales.
La tala ilegal no solo amenaza a los ecosistemas forestales, sino que además debilita la organización de los dueños de los territorios y representa una competencia desleal para los emprendimientos forestales comunitarios legales y sustentables que son ejemplo a nivel mundial de cómo aprovechar los bosques de manera justa y sustentable.
CHZ