Ante los problemas de abasto de agua que se comienzan a presentar en diferentes poblaciones, es necesaria una Ley de Aguas que se base en que se garantice un vital líquido de calidad, que frene la contaminación de cuerpos de agua y que ponga fin a las vulnerabilidades que provocan las inundaciones y sequías, así como a la corrupción y la impunidad.
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Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó que se presenta un complejo panorama social y político para la gestión de recursos hídricos.
Resaltó la importancia del respeto al paradigma de gestión de ciclos, es decir, de cuidar el ciclo natural del agua desde su aprovechamiento hasta su uso responsable tanto de forma individual como comunitaria.
Al mismo tiempo, lamentó que se presente en la actualidad un paradigma extractivo, que coloca al vital líquido como una mercancía cuyos principales usos son la sobrextracción y el vertido de desechos.
El crecimiento urbano exponencial deja a su paso destrucción natural y contaminación, ante lo cual, el acceso al agua se vuelve un privilegio que obtienen unos cuantos, avalado por la corrupción y la impunidad, lamentó el especialista.
En el marco del panel “Privatización del servicio de agua potable y saneamiento: impactos y resistencias”, organizado por la Universidad Iberoamericana Puebla, ante la escena desesperanzadora, Moctezuma Barragán propone soluciones en diversas formas de lucha, autodeterminación y participación ciudadana, como lo es la iniciativa de una nueva Ley General de Aguas.
“Agua equitativa quiere decir agua para todos, agua sustentable, agua para siempre y hasta para las próximas generaciones”, explicó Moctezuma Barragán.
Resaltó la importancia de una Ley de Aguas bajo 12 consensos generales para garantizar agua de calidad para todos y soberanía alimentaria, frenar la contaminación de cuerpos de agua y su minado, poner fin a las vulnerabilidades que provocan las inundaciones y sequías, y no permitir corrupción e impunidad.
Por su parte, Valentina Campos Cabral, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga de la Universidad Iberoamericana Puebla, destacó que lo que suena como una práctica inofensiva puede ser la causa de la sobreexplotación de recursos naturales, el empobrecimiento de la población y el surgimiento de enfermedades cada vez más agresivas.
“La privatización del agua es una de las iniciativas más alentadas desde el gobierno, pero más cuestionadas por la sociedad que padece sus estragos”, destacó.
Por su parte, Rafael Rodríguez Moreno, coordinador de los Posgrados en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla, resaltó que el agua es un derecho humano y los derechos no son negociables.
“En este panorama se insertan activistas, académicos y defensores del agua en el territorio poblano, que reflexionaron acerca de sus luchas y sus bases en el cuidado de la casa común y la defensa de los derechos humanos”, explicó.
CHM