La propuesta de reformar y hacer adiciones a cinco artículos del código civil de la Ciudad de México para considerar en la ley la posibilidad del no pago de rentas a consecuencia de la pandemia del covid-19 generó polémica entre inmobiliarias, inquilinos y el sector empresarial.
La iniciativa elaborada por activistas, organizaciones vecinales y académicos y avalada por las diputadas de Morena,Martha Ávila y Valentina Batres, propone reducir requisitos para rentar, firmar contrato obligatorio y en caso de no haberlo no se podría llevar a cabo un desalojo y el punto más polémico es el de fijar en tres año el plazo mínimo del contrato. Estas razones han provocado que los opositores señalen que estas reformas fomentarán las invasiones.
Sin embargo, los activistas que elaboraron la iniciativa destacaron que “la actual pandemia ya tiene en la Ciudad de México consecuencias negativas en materia de vivienda para muchas familias y personas que arriendan una. Esto se debe, principalmente, a la pérdida de empleo, reducción de salario, y a que la economía de millones de personas está afectada por la inactividad comercial, generando muchos casos de moratorias en el pago de rentas que pudieran derivar en desplazamiento de familias”.
Además, señalaron que los desalojos en la Ciudad de México se incrementaron desde que inicio la emergencia sanitaria. En los últimos tres meses, de acuerdo a una encuesta que elaboraron junto con distintas instituciones educativas, al día se realizan ocho desalojos, al margen de la ley pues los tribunales se encuentran cerrados. Además durante la pasada administración hubo 3 mil por año.
El estudio a partir del cual elaboraron la iniciativa, detalla que el 59 por ciento de las personas que arrendan no tienen un contrato.
Kalycho Escoffié, coautor de la iniciativa señaló que la busca dar certeza y certidumbre jurídica a arrendatarios e inquilinos y destacó que el status quo de la ley y la forma en que la legislación está planteada y cómo operan los contratos de arrendamiento permiten situaciones arbitrariedad.
“Lo que busca la iniciativa es qué establecer mecanismos para que a manera de autorregulaciones, las partes decidan que es mejor tenerlo por escrito para evitar algún tipo de consecuencia que les pueda perjudicar”, explicó.
Partidos de oposición han manifestado su rechazo a dicha iniciativa, que acusan atenta contra la propiedad privada.
Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México señaló que “es un absurdo pensar que la responsabilidad del gobierno la tienen que asumir los particulares, si el gobierno está preocupado por aquellas personas que no han tenido posibilidades de pagar la renta pues que emprenda y que establezca un programa de subsidios para pagar las rentas”.
Apuntó que el gobierno no puede obligar a los particulares ni regular los términos de los contratos que son acuerdos entre particulares.
José Luis Castelán, coordinador de Desarrollo Urbano y Vivienda de Coparmex en la Ciudad de México señaló que “no estamos hablando de ricos y no estamos hablando de pobres, estamos hablando de la propiedad privada que nos tiene enojados porque una ley así no se avienta de bote pronto, esto se analiza y justifica y se consensúa cosa que no ha sido”.
Mientras, los autores de la iniciativa rechazan las descalificaciones a la iniciativa y aunque aseguran que el debate es bienvenido, también pidieron que haya contrapropuestas para enriquecerla.
Silvia Emanuelli, coautora de la iniciativa sostuvo que es fundamental escuchar todas las voces y considerar que hay un problema que atender.
“Es un problema que viene de antes, con 3 mil desalojos judiciales al año y una gran cantidad de desalojos extrajudiciales llevados a cabo con la intervención del crimen organizado o guardias provocadas. Venimos de un problema muy serio que se está incrementando y que se puede incrementar a partir de la pandemia”, aseguró.
Sergio González, integrante de la plataforma vecinal, colonia Juárez, cuestionó que las voces detractoras de la iniciativa no se pongan en el lugar de aquellos que se han visto perjudicados con los desalojos irregulares que a diario ocurren en la ciudad y que se han agudizado durante la pandemia.
“Invitaría a estos detractores de esta reforma porque no es ley, es una pequeña propuesta de reforma de articulado a que contribuyamos todos a apoyar a los más vulnerables y que busquemos todos cómo salir de esta crisis de pagos que siento que estamos viendo solo la puntita del iceberg”, comentó.
ledz