En comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, Protección Civil y Desarrollo Urbano, avanzaron las reformas enviadas por el Ejecutivo Estatal.
Fue con sesión que los diputados, aprobaron castigar con hasta 10 años de prisión a los funcionarios que autoricen construcciones o permita la fundación de asentamientos humanos en zonas de riesgo, federales o derecho de vía en Puebla. Además de 15 años en caso de ser áreas naturales protegidas.
Del mismo modo, se avaló sanciones que van de las 200 a las 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto 19 mil 244 y hasta 48 mil 110 pesos a quien cometa dichos actos, y hasta 72 mil 175 pesos en áreas naturales protegidas.
Lo anterior, a fin de evitar que se sigan dando los asentamientos en áreas no aptas para viviendas, ya que “resulta imprescindible”, promover el orden en el desarrollo urbano, así como prevenir asentamientos irregulares y más si estos pudieran derivar en pérdidas humanas y materiales.
Mientras que en el artículo 199 Quater se propone que la pena de prisión subiría hasta en una mitad, quedando de 6 a 15 años, cuando la construcción sea sobre áreas naturales protegidas o de preservación ecológica, en zonas no consideradas aptas para vivienda y, en caso de la sanción económica, está irá de los 28 mil 865 y hasta los 72 mil 175 pesos.
CHM