Propuesta de reforma al Código Penal de Guanajuato estará lista en mayo de 2023

Comunidad

La propuesta de reforma se centra principalmente en la proporcionalidad de las penas que actualmente contempla el Código Penal, para que las sanciones sean correspondientes al daño que se genera al bien jurídico tutelado.

Congreso de Guanajuato
Guanajuato /

Se prevé que para el mes de mayo del 2023, la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado de Guanajuato presente ante el pleno su iniciativa de reforma al Código Penal Estatal, así lo dio a conocer en entrevista la diputada presidenta del Congreso, Cristina Márquez Alcalá.

"Ya tenemos como grupo parlamentario la iniciativa para poder pasar a revisión y a la siguiente fase,que sería hacer un foro para enriquecerla y poderla presentar ante el pleno e iniciar el proceso legislativo", señaló.

La diputada, quien además preside la Comisión de Justicia en el congreso local, especificó que la propuesta de reforma se centra principalmente en la proporcionalidad de las penas que actualmente contempla el Código Penal, para que las sanciones sean correspondientes al daño que se genera al bien jurídico tutelado.

"Probablemente dentro de un mes ya estaríamos presentando la iniciativa (…) Son reformas a varios artículos, partiendo del principio de proporcionalidad, es decir que la pena o el número de años o castigo, vayan en proporción al daño que se genera y de cuál es el bien jurídico tutelar; La vida, la salud, el patrimonio y atendiendo a esto, tiene que haber una escala en la que sea proporcional", agregó.

Cabe destacar que el Código Penal Estatal, cuenta con 20 años de vigencia por lo cual, si bien ha sido constantemente reformado a través del congreso local, requiere un análisis integral en el que se contará con la participación de expertos en la materia, abogados, académicos y operadores de la norma.

Otra de las labores importantes al respecto, es la solicitud que en noviembre del 2022 el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hizo al Poder Legislativo, representado por el Congreso del Estado, Poder Judicial y a autoridades en materia de seguridad a sumarse a la iniciativa de reformar el Código Penal del Estado, de manera que se pueda perseguir y sancionar de una manera más efectiva el delito de extorsión.



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