Durante el 2022, la Procuraduría General de los Derechos Humanos recibió un total de 185 quejas por presuntas agresiones cometidas hacia defensores de los derechos humanos; de los cuales, la mayor parte pertenecía a colectivos de búsqueda.
Estos datos se reflejan en el documento del segundo informe de resultados de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG); por ejemplo, en el año 2022 se registró un mayor número de agresiones hacia integrantes de colectivos de búsqueda. Es decir, con base en las cifras mostradas por el informe, se habla de un aumento de al menos un 90 por ciento en este tipo de casos, pasando de 15 quejas en 2021 a 185 en el año pasado.
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No obstante, no es el único dato a destacar sobre la situación de los derechos humanos en el estado, debido a que, al igual que en el primer informe, las instancias de seguridad continúan siendo las que acumulan más quejas por presuntos actos que violan la seguridad e integridad de las personas.
Durante el 2022 la PRODHEG recibió 97 quejas en contra de personal adscrito a los diversos Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de las cuales 58 continuaban en trámite al final del periodo, 20 no fueron admitidas y 19 más fueron suspendidas.
Por otra parte, en el mismo periodo las quejas en contra de elementos de seguridad pública municipal tuvieron un incremento en comparación con el 2021, acumulando un total de 320 expedientes de queja en contra de personal de las corporaciones.
En este mismo rubro, son señalados los principales municipios donde se registró el mayor número de casos, entre los que se encuentra León, con un total de 144 quejas; Celaya, que reportó 37 presuntos hechos violatorios; Irapuato, con 27 en total; Guanajuato capital, con 21, y finalmente San Miguel de Allende, que contabilizó 17.
En números globales, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato reportó en su último informe un aumento del 128 por ciento en el número de quejas recibidas, lo que se traduce en una suma de mil 676. De esta cifra, 830 llegaron a una conclusión, 292 fueron suspendidas, 120 concluyeron por conciliación, y 104 por desistimiento.
Entre los principales hechos violatorios, se mencionan el ejercicio indebido de la función pública, la violación del derecho a la seguridad jurídica, violación al principio de la legalidad en el desempeño de la función pública, la prestación indebida del servicio público y la violación del derecho a la integridad y seguridad personales.