Karla Tello y Magda Soberanes son dos de las jóvenes que fueron detenidas en la instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del centro de la Ciudad de México el 15 de abril de 2022 y aunque fueron liberadas hace 7 meses continúan siendo juzgadas por la toma del inmueble ya que la CNDH y el INAH inició un proceso en su contra por los daños que tuvo el edificio durante el año y medio que estuvo tomado.
En entrevista para MILENIO las jóvenes contaron que pese a que han intentado llegar a un acuerdo con las autoridades para reparar el presunto daño de alguna otra manera, estas se han negado y han preferido que el proceso se lleve por medio de un juicio de la autoridad federal.
"Nosotras hemos seguido buscando de todas las formas, el poder llegar a un acuerdo sin que nos veamos perjudicadas, el ya no tener que llegar a más audiencias, seguir alargando este proceso, poder llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambas partes", precisó Karla.
Cabe mencionar que ante las autoridades correspondientes ya se ha comprobado que ninguna de las dos tuvo que ver con la toma del inmueble, sin embargo, aún así ambas están siendo juzgadas por todos los daños que se le ocasiono y piden una reparación del daño que podría alcanzar hasta el millón de pesos.
Al respecto, el único pronunciamiento público sobre el caso por parte de la CNDH se realizó el 21 de junio en donde dijeron que la institución no realiza ningún tipo de persecución y que el proceso que iniciaron se está llevando a cabo conforme a derecho de las personas que ocupaban el inmueble al momento de la recuperación, lugar en donde acusan ocurrieron presuntos actos delictivos y se desaparecieron expedientes de víctimas.
"Deseamos que si realmente existe una justicia busquen a los feminicidas, busquen a los asesinos, busquen a los narcotraficantes, a la gente que está metida en delitos y que ni siquiera persiguen como nos persiguen a nosotras", lamentó Magda.
Ante esto hacen un llamado a las autoridades para que revalúen su caso y se deje de lado lo que aseguran es una criminalización de la protesta social, ya que de ser vinculadas a proceso podrían regresar a prisión; la última audiencia de este caso estaba programada para el 25 de octubre sin embargo fue diferida por lo cual hasta el momento no se sabe que ocurrirá con las jóvenes.
"Una de las razones por las cuales se les despojo, se les quito ese edificio de la CNDH de Cuba 60 fue justo por la falta de respuesta, a todas estas familias y madres de víctimas, y seguimos en lo mismo, ellos siguen sin trabajar", precisó Karla.
LG