En el país y en zonas como Puebla-Tlaxcala, alrededor del 80 por ciento de los casos de trata de persona no se denuncian, factor que implica que las víctimas no puedan salir de las situaciones en que se encuentran y se comentan violaciones a los derechos humanos.
Edith Méndez Ahuactzin, investigadora del colectivo Mujer y Utopía, lamentó que se presenten casos en los que falta voluntad política para que se realicen las investigaciones correspondientes y se sancione a los responsables.
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Como parte de la Cátedra Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, la investigadora lamentó que los mecanismos institucionales para prevenir, atender y sancionar la trata de personas en México no son suficientes para resolver la problemática. Los vacíos legales en las normativas y las dolientes omisiones que comete el sistema en contra de las víctimas solo agravan y fomentan su crecimiento, explicó.
“Hemos avanzado en poder colocar los problemas en agenda y poder modificarlos. Sin embargo, hay todavía toda una estructura que ha impedido que los pasos sean más grandes”, explicó la investigadora.
En el año 2021, de las 32 autoridades de procuración de justicia locales y federales que existen, apenas 14 reportaron que tienen una fiscalía especializada en delitos en materia de trata de personas. Otros 18 estados solo tienen a un experto en la materia, y únicamente una entidad dijo tener a alguien que conocía de la problemática, pero no existen expertos o instancias adecuadas para ello, resaltó Méndez Ahuactzin.
“Las políticas públicas que tenemos en México y en los gobiernos estatales [para atender la trata] siguen siendo o muy generales u obsoletas. No están respondiendo a las necesidades y desigualdades actuales que estamos enfrentando las mujeres, las adolescentes, con todas nuestras diversidades”, explicó la especialista.
México cuenta con firmas de acuerdos internacionales para la erradicación de la trata de personas, pero, en la práctica, no son atendidos por las autoridades. En la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, México se comprometió a emprender acciones contra la trata con perspectiva de género, de derechos humanos e interseccionalidad, añadió.
En el país se cuenta con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres e infancias, y a la par, la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas del delito. Ambos son complementos de los compromisos de la Convención, pero difícilmente salen del papel.
“Podemos mirar que el delito de trata está aquí, pero todas las desigualdades y otras violaciones graves a derechos humanos no se toman en cuenta. Solo se emite una serie de actividades para cumplimiento, pero no pasan de una campaña”, explicó la académica.
A este factor se suma la sociedad porque no se le puede dejar toda la responsabilidad al Estado o a los gobiernos, ante lo cual, los diferentes sectores de la sociedad están llamados a exigir que se investiguyen los casos.
“Hace falta que sigamos moviendo para que también podemos podamos hablar de justicia en un nivel social”, finalizó la especialista.
AAC