El superpeso pega a migrantes, que ahora necesitan un segundo empleo

Los migrantes mexicanos están en apuros. El incremento de la paridad cambiaria del peso frente al dólar golpea su vida diaria. Algunos han tenido que buscar horas extra, jornadas dobles o trabajar los fines de semana para compensar la pérdida del valor del billete verde; otros, aplazan inversiones o sacrifican la expansión de sus propias empresas. Algunos testimonios revelan incluso que, ante la disminución neta del monto de su envío de dinero, la salud de ellos y sus familias se ha deteriorado.

“Mi mamá dice que no le mande dinero, pero yo sé que lo necesita”, reconoce Luis Manuel Hernández, migrante hidalguense radicado en Estados Unidos desde hace 27 años.

En cuanto encontró su primer trabajo en la Unión Americana, Hernández comenzó a enviar remesasas su madre, principalmente para pagar la luz, comprar el gas, comida e ir construyendo de a poco una casa. Ahora la señora, si bien tiene un hogar propio, ha visto deteriorada su salud por lo que el hijo tiene que sostener el ritmo del valor en sus transferencias.

Pero no sólo ella es acosada por enfermedades. El mismo Luis Manuel revela en entrevista vía Zoom con este diario que “hasta el año pasado enviaba 100 dólares por semana y ahora tengo que mandar 140”, aunque él también se somete a una de las cuatro diálisis mensuales que necesita por insuficiencia renal.

El proceso lo deja exhausto, baja la voz, agotado. Accede a la comunicación a distancia en el único momento que encuentra libre en su agenda porque Luis Manuel Hernández trabaja siete días a la semana en dos restaurantes. En uno es preparador de alimentos de lunes a viernes; en otro, lavatrastos los sábados y domingos.

Por esa razón ya no puede trabajar en la recolección de pepinos, jitomates, hoja de tabaco, como lo hizo durante 15 años. No tiene días de descanso a pesar de su delicada salud y tiene tanto sueño y agotamiento como convicción de resistir en el extremo. No es tiempo de claudicar.

En el más reciente informe sobre envío de remesas que el Banco de México hizo público el 1 de septiembre pasado, se da cuenta de que el superpeso no impidió la avalancha de envío de dólares. De hecho, en el periodo entre enero y julio de 2023, el monto acumulado de ingresos por remesas fue de 35 mil 895 millones de dólares, mayor al los 32 mil 815 millones de dólares reportado en igual lapso de 2022. Ello significó una expansión anual de 9.4 por ciento, considerando transferencias electrónicas (que representan el 99 por ciento del total), más envío de efectivo y especie, y money orders.

Ajustarse el cinturón

El incremento del valor de la moneda mexicana no ha dado tregua a los migrantes desde diciembre de 2021, cuando valía en promedio 21.67 por cada dólar, antes de dar el salto y arrancar el 2022 empoderado y al mostrar una pronunciada curva ascendente. Según las estadísticas del Banco de México, en la primera semana de septiembre de este 2023 la cotización se ubica en alrededor de 17 pesos por cada billete verde, y coquetea con serias intenciones rumbo a los 16 pesos.

Las razones del superpeso son múltiples, coinciden analistas. Principalmente deriva de las altas tasas de interés que mantiene México, lo cual se evidencia con el premio que otorgan los bonos gubernamentales para inversión o Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), que ofrecen 11.48 por ciento anual, los mejores de toda su existencia, lo cual atrae a inversionistas que siempre buscan los mejores rendimientos alrededor del planeta.

Edmer Santín, doctor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que después de la pandemia lo más importante para los países ha sido evitar el crecimiento desmedido de la inflación, que los precios no se vayan a las nubes. 

“Si se disparara la inflación implicaría un costo todavía mayor, sobre todo en las zonas rurales, donde la canasta básica es importante, entonces, si no se subieran las tasas de interés para contener los precios, habría un problema mayor”.

Otro factor es la inversión extranjera que ha llegado en los últimos años derivada de las políticas de relocalización de cadenas productivas, fenómeno conocido como nearshoring, que impulsa Estados Unidos para depender menos de Asia y especialmente de China, debido a la tensión de las relaciones que se recrudeció entre ambos países, sobre todo desde el gobierno de Donald Trump.

El migrante Hernández no alcanza a entender muy bien las razones macroeconómicas y geopolíticas; lo único que sabe es que tiene que lidiar con el problema de padecer la inflación de dos países. En México, a pesar de todas las estrategias financieras, el índice de precios al consumidor anual es del 4.8 por ciento, mientras que en Estados Unidos es del 3.2 por ciento. En ambos casos los incrementos se evidencian especialmente en los alimentos.

Pero no es que la estrechez de los recursos sea algo tan reciente, incluso viene desde antes de la pandemia que estalló en marzo de 2020, recuerda Hernández. Según sus propias cuentas, tiene por lo menos una década que el dinero no le rinde igual. 

“Hasta el 2010 mandaba más, hasta 500 dólares por semana, entonces la vida era diferente, realmente había un sueño americano” que de pronto empezó a encarecerse.

 “La gasolina estaba a 91 centavos por galón ¡y ahora está a cinco dólares!”, se queja.

Y vaya que tuvo que apretarse el cinturón. No sólo dejó de ir a restaurantes costosos o de comprar constantemente ropa nueva, sino que ya no se pudo dar un lujo vanidoso de aquella época de vacas gordas: tenía siete carros… uno para cada día de la semana.

Aún con el deterioro económico está agradecido con Estados Unidos. Le alcanza para mantener a él y su familia en México. y porque además puede hacerse la diálisis de manera gratuita en un hospital público del estado de Ohio. 

“Dicen que aquí es un estado racista, pero no es verdad, te tratan bien, te prestan la máquina [de diálisis], te atienden y todo esto lo paga el Estado”. Pero eso sí, las medicinas, ¡qué caras son!

Menos dinero para servicios médicos

Delia Pérez ha hecho de todo en Raleigh, la capital de Carolina del Norte, para mantener la calidad de vida de su suegra en Veracruz, quien padece de diabetes, una enfermedad crónica degenerativa que se le ha complicado dado que no cuenta con seguridad social ni con opciones realistas de tratamiento en las instituciones públicas de México.

Enferma, la mamá de su marido acudió al centro de salud de su municipio, pero descubrió que no tenían el equipo básico para atenderla. Ahí le dijeron los médicos que incluso si estuviera afiliada, de todos modos no tenían disponibles los medicamentos para su enfermedad. “Mejor, vaya a un hospital particular”, le sugirieron.

​Ella es una de los 50.4 millones de mexicanos con carencias de acceso a la salud, de acuerdo con la última estimación de pobreza multidimensional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, problema que se derivó desde lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó como una “limpia” en el sistema público de salud para combatir la corrupción.

Mientras no se arregle la carencia de una entidad que releve al Seguro Popular y mientras el IMSS no se dé abasto por los pendientes del fracasado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Delia y su marido seguirán enviando a la señora en Veracruz entre 2 mil y 5 mil dólares al mes, los cuales juntan gracias a una pequeña empresa de construcción que fundaron en Carolina del Norte a punta de privaciones y ahorros. Hasta antes del superpeso esos envíos significaban entre 42 mil y 100 mil pesos al mes. Hoy representan 34 mil y 85 mil pesos, respectivamente.

Ese envío le implica a la pareja muchos sacrificios. “No somos una gran empresa, en realidad somos autoempleados y tenemos que buscar el trabajo de construcción diariamente”, revela Delia, quien coordina la agenda del negocio. En entrevista telefónica y mientras cuida a su niña de tres años, agrega que “ahora mismo son las siete de la noche y mi esposo no llega desde que salió de casa a las siete de la mañana”.

Los Suárez Pérez no tuvieron otro remedio que enviar dinero pero no más allá de sus capacidades. Igual que Luis Manuel Hernández, en Ohio, tampoco tienen casa propia, sino que rentan y tienen que cubrir de manera obligatoria el gasto de corriente eléctrica, agua, aire acondicionado, teléfonos y pago de los vehículos para moverse de un lado a otro, una necesidad imposible de cubrir de otra manera en la ciudad donde viven.

Delia refiere que todo esto lo comentaron con su suegra, quien no lo tomó ni bien ni mal, pero se la escuchó triste, al estar consciente de que su salud se deteriora debido a la enfermedad vitalicia que la aqueja a sus 64 años. Su hijo tiene 39 pero ni uno ni otro cuenta con cobertura médica.

La Secretaría de Salud mexicana documentó en 2019 que de los 10.9 millones de mexicanos indocumentados en ese país, el 38 por ciento no contaba con seguro médico. Sin embargo, en Estados Unidos los consulados mexicanos cuentan con Ventanillas de Salud para orientación y prevención de enfermedades y, en algunos casos, tienen convenios de atención con centros comunitarios –aunque a estos se puede llegar independientemente, como hacen los Suárez Pérez cuando se enferman–.

“Aquí es más fácil encontrar caminos para que nos atiendan si enfermamos, pero en México es prácticamente imposible si tienes algo grave”, lamenta Delia.

Los principales padecimientos de salud de la población inmigrante no son diferentes a los que sufren sus familias en México, de acuerdo con datos ventilados recientemente por el secretario de Salud, Jorge Alcocer: glucosa y colesterol elevados (28 por ciento), sobrepeso y obesidad (72 por ciento), hipertensión arterial (45 por ciento), además de VIH, enfermedades de transmisión sexual y tuberculosis.

La vejez

A sus 46 años, José López, migrante guanajuatense radicado en Atlanta, está preocupado por cómo asumirá su vejez, después de haber enviado remesas a México durante 20 años. Metódicamente manda entre 2 mil 500 y 4 mil dólares que sirven para sostener a sus padres e incluso patrocinar la escuela de algunos sobrinos.

Pero, ¿por qué no ha construido su propia casa?, se le pregunta. “No he sido materialista, prefiero viajar”, resume.

Le ha ido bien a José. Gracias a su empresa de construcción va de un lado a otro, es un “pata de perro”, define. A la siguiente semana de la entrevista con MILENIO irá a Carolina del Norte, luego a Tennesse, Alabama, Florida y Michigan. “Me encanta mi trabajo, pero es tiempo de hacer más”.

¿Por ejemplo, comprar una casa en Estados Unidos? “No, no, no es la mejor opción”. Agrega que no le gustaría envejecer en Estados Unidos porque es muy costoso, aunque se gane bien las rentas son proporcionalmente muy caras. Explica que hace cuatro años pagaba mil 500 dólares por la casa donde vive, y poco a poco subió hasta los 2 mil 400 y sigue en escalada. No cotiza para jubilarse y cuando pare de trabajar ni el más grande ahorro le pagaría la vivienda.

En sus reflexiones que pasaron a la acción, buscó terrenos en México para cimentar una inversión para el futuro, propiedades para rentar y así, dentro de unos años, cumplir su anhelo de volver a su país de origen. El rastreo de los inmuebles empezó en la capital de natal Guanajuato, pero resultó muy costoso por ser centro turístico, epítome de la riqueza colonial, las momias embalsamadas, el Callejón del Beso…

Ahí no encontró nada por debajo del millón y medio de pesos. Entonces volteó hacia Yucatán, el estado más seguro del sureste. Encontró terrenos que, a su juicio, tienen muy buena plusvalía y futuro con el proyecto del Tren Maya. Y en esas estaba cuando el dólar empezó a irse en picada frente al peso. Al principio pensó que podría ser una racha pero pronto entendió que no: esto va para largo.

Resolvió que la alternativa es seguir enviando dinero a los suyos. Casi en las mismas cantidades. José es cumplidor, pero sabe que lo que manda es proporcionalmente menos para quienes dependen de él. Pero es lo que hay: con dos familias, una en Atlanta, Georgia, y otra en San Francisco del Rincón, Guanajuato, además de un pendiente en la garganta: invertir en México.

En resumen: sí pesan esos cuatro pesos menos –de 21 a 17 por dólar–, aceptan los paisanos preocupados.

​FR