El nuevo modelo homologado de justicia cívica que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el pasado 17 de junio entrará en vigor el próximo primero de julio, aseguró la presidenta municipal de Tizayuca, Susana Araceli Ángeles Quezada, teniendo como sede las instalaciones recuperadas en Haciendas de Tizayuca, herramienta con la que se busca mejorar la convivencia entre los habitantes, así como disminuir la incidencia de faltas administrativas, centrar la atención de conductas antisociales y restaurar el tejido social, no sólo a través de sanciones, sino de acciones que atiendan las problemáticas más sentidas de la ciudadanía y prevenir que escalen.
Dicho cambio, abundó la edil, se centra en la evolución y mejora de las capacidades de quienes actualmente fungen como jueces conciliadores, que a partir del próximo primero de julio serán jueces cívicos, así como la participación de otros perfiles especialistas en salud mental y trabajo social para generar una sanción adecuada a la falta que se cometa, misma que no sólo atienda la falta cometida, sino el origen verdadero de la conducta antisocial presentada y tomar medidas para su corrección para inhibir la reincidencia.
“Cuando hay conflictos vecinales en una calle una vecina que tiene malas palabras o malas formas con el resto de la comunidad, la misma comunidad podrá acudir al juez cívico en esta modalidad comunitaria, por otra parte a la persona que se acusa de una situación tendrá derecho a la defensa y de manera expedita se podrá buscar la conciliación o mediación; si es el caso de que el perfil psicológico de esta persona refleja algún problema de depresión o mal manejo de ira, estrés, frustración, entre otros; como parte de la sanción podrá ser el juez cívico quien determine la asistencia a terapias o talleres de acompañamiento para que no se quede en una sanción de tipo económico, sino que esa persona pueda solucionar el origen que le lleva a cometer ese tipo de conductas, es un modelo que tiene que ver con la construcción de la paz, mediación y superar el pensamiento de que con grandes multas se corrigen dichas conductas”, sentenció.
Pese a esto, la reforma al Bando de Policía y Buen Gobierno municipal, añadió Ángeles Quezada, contempla sanciones de diversos tipos para inhibir y castigar la incidencia de faltas administrativas y conductas antisociales, las cuales se imponen a través del juez cívico y la Junta Restaurativa, quienes proponen opciones de solución a una controversia a través del concilio y priorizando la restauración del tejido social; entre estas sanciones se contempla la amonestación, una llamada de atención cuando se comete en primera ocasión una falta; servicio a la comunidad, barrido de calles, reparación de escuelas, mantenimiento de áreas verdes, todo ello acompañado, en caso de ser necesario, con tratamiento de control de ira, violencia, formación para el trabajo, tratamiento voluntario contra las adicciones; así como sanciones económicas consistentes en multas que van desde los 962.2 pesos hasta los 28 mil 866 pesos, además de arresto de 10 a 36 horas dependiendo de la falta.
Finalmente, la presidenta municipal apuntó que en materia de combate a la corrupción en este nuevo modelo, se mantendrá la vigilancia para evitar “mordidas” o “moches” a los elementos de la policía municipal, quienes realizan las detenciones; y destacó el incremento en el número de personas detenidas que llegan ante un juez conciliador, próximo juez cívico, esto en relación a otras administraciones, “porque los policías hacen un trabajo efectivo al poner a disposición de estas autoridades a presuntos infractores, además de evitar alguna situación con el policía para evitar su evaluación ante la autoridad y determinar la sanción correspondiente”.