En el primer semestre de 2023, en Puebla se incrementaron en un 70 por ciento los delitos de trata de personas, respecto al mismo periodo de 2022, al pasar de 20 a 34 casos; con ello, la entidad poblana se colocó en la quinta posición con más incidencias a nivel nacional.
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De acuerdo al reporte del Observatorio Ciudadano (IGAVIM), Puebla es el tercer estado donde se incrementó más el delito de trata de personas de enero a junio de 2023, el primer lugar lo ostentó Tamaulipas con 400 por ciento, y en segundo peldaño se ubicó Quintana Roo con 192.86 por ciento.
Mientras el recuento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2015 a junio de 2023, en Puebla la cifra de trata de personas llegó a 291 casos. Siendo el 2015 el año con mayor número de casos, con 93 delitos; seguido de 2021, con 49 incidencias y en tercera posición el 2022, con 38 incidencias.
Tan sólo en el primer semestre de 2023, en el país se contabilizaron 381 delitos de trata de personas, 113 se registraron en el Estado de México, 78 incidencias en la Ciudad de México y en tercera posición, Quintana Roo con 41 casos.
Por su parte, la Asociación Nacional Contra la Trata Humana en la Sociedad (ANTHUS), señala a Puebla como un foco rojo en el delito de trata de personas. Incluso, junto con Tlaxcala, la entidad poblana es el corredor más representativo de la explotación ajena a nivel nacional.
Capital poblana concentra el mayor número de casos
De 2017 a julio de 2023, la capital poblana concentró el mayor número de delitos de trata de personas, al sumar 121 casos, de acuerdo al reporte “información útil” de la Fiscalía General del Estado (FGE). Es de resaltar que solo de enero a julio del año en curso, la capital poblana sumó 26 delitos de trata de personas.
Según el reporte de la FGE, Tehuacán e Izúcar de Matamoros son los municipios con más delitos de trata de personas después de Puebla capital de 2017 a julio de 2023, con nueve casos cada uno. Seguidos de San Andrés Cholula con cinco incidencias; en cuarto peldaño se ubica San Martín Texmelucan y Cuautlancingo con cuatro delitos. En tanto, Tepeaca y Chignahuapan con dos casos cada uno.
Mientras que las demarcaciones que registraron un delito de trata de personas de 2017 a julio de 2023 son: Amozoc, San Pedro Cholula, Atlixco, Zacatlán, Zacapoaxtla, Coronango, Huejotzingo, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Xicotepec y Huaquechula, por mencionar algunos.
En Puebla, en los primeros siete meses de 2023, se registraron 40 delitos de trata de personas, siendo marzo y junio donde se registró el mayor número de delitos con ocho cada uno.
La entidad poblana arrancó el 2023 con tres delitos de trata de personas, en febrero a subió a siete casos, y en marzo llegó a ocho delitos. Para abril bajó a cuatro, y se mantuvo de la misma forma en mayo. Posteriormente, en junio volvió a subir a ocho casos, mientras que en julio registró seis incidencias.
Cabe recordar que durante julio estuvo la organización Alas Abiertas en Puebla, la cual destacó que el estado es un gran generador de víctimas de trata de personas. Incluso, señaló que a nivel nacional la entidad poblana se coloca en la quinta posición con más casos del delito. Expuso que en el primer semestre de 2023, Puebla reportó 22 carpetas de investigación sobre la trata de personas, mientras la mayoría de los estados tienen cero carpetas.
Desde 2012, aprobada la ley para erradicar el crimen
Es de recordar en 2012 el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como para la Protección y Asistencia a Víctimas. Entre las principales acciones que resaltó la legislación fue la adecuación de la pena carcelaria con la normatividad federal, así como inspeccionar los comercios vulnerables al delito.
Así como la creación de una Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de la Trata, misma que es permanente. Dicha Comisión dependerá del Ejecutivo e involucrará a 13 dependencias y Secretarías estatales, pero tendrá a la Comisión de Derechos Humanos únicamente como “invitada”.
La iniciativa enviada por el ex gobernador panista, Rafael Moreno Valle, faculta a las autoridades municipales y estatales a ejecutar inspecciones regulares en comercios donde se pueda generar el delito tales como: agencias de modelaje, salas de masajes, bares, hoteles, cines, baños públicos, así como cibercafés.
Para el capítulo referente a la atención de víctimas, incluye: protección, atención médica, psicológica, jurídica y psiquiátrica durante el tiempo que amerite el caso, así como tratamientos terapéuticos y alojamiento en centros especializados.
Además, se establece que los servidores públicos que trabajen en el rescate y procesos judiciales relacionados con trata de personas, deberán proteger la identidad de las víctimas.
En tanto, para la reparación del daño a víctimas se creará un fondo, administrado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, que incluirá las aportaciones federales, estatales y municipales, así como el dinero de posibles decomisos de inmuebles donde se practique la trata de personas.
Del mismo modo, la Ley contra Trata de Puebla también faculta al Ministerio Público para seguir e investigar hasta por un mes a una persona sospechosa, así como solicitar información a compañías telefónicas, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esto con el fin de facilitar las diligencias y descubrir a posibles tratantes.
La PGJ identificó a 499 víctimas de 2012 a 2017
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lanzó un Diagnostico sobre la situación de la Trata de Personas en México 2019, en el que de 2012 a 2017, Puebla registró de 100 a 499 víctimas identificadas por la PGJ.
A nivel nacional se llegó a los 5 mil 245 casos, de los cuales 3 mil 308 fueron mujeres, mil 086 eran niñas, 492 hombres y 289 niños. Sin embargo, en 17 casos se desconoce la edad de 8 hombres y de 62 mujeres.
El estudio arrojó que el 69 por ciento de las víctimas fueron identificadas por cuatro Procuradurías o Fiscalías Estatales (Ciudad de México, Chiapas, Puebla y Estado de México) y por la FEVIMTRA de la PGR. Lo anterior significó que 9 de cada 10 víctimas a nivel nacional fueron identificadas por nueve Procuradurías y Fiscalías Estatales y por la PGR.
Respecto a la nacionalidad de las víctimas, el 84 por ciento son mexicanas, el 13 por ciento tienen otra nacionalidad y del resto no se contó con la información.
En específico, se identificaron víctimas extranjeras en las investigaciones realizadas por la PGR (tanto por la FEVIMTRA, como la SEIDO), así como en las 13 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.
El 88 por ciento de las víctimas extranjeras son mujeres, mientras que el 12 por ciento son hombres. Los países de origen son: Argentina, Bielorrusia, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Hungría, Italia, Malasia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rumania, Rusia, Tailandia, Togo, Ucrania y Venezuela.
¿Cómo se define la trata de personas?
De acuerdo con la ANTHUS, la trata de personas se entenderá como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción, como rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Este engaño incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o extracción de órganos.
Además, la trata de personas consta de tres fases: el engaño que deriva con el uso de fuerza; coacción; enamoramiento y seducción; falsas promesas de empleo; fraude; rapto; y abuso de poder.
Posteriormente se pasa a la etapa del traslado, donde el tratante busca alejar a las víctimas de su zona de seguridad y de todos aquellos que puedan cuidarla. Finalmente, llega la explotación, que se da de diversas formas; sexual, laboral, mendicidad obligada, matrimonios forzosos, explotación doméstica y extracción de órganos, células o tejidos.
CHM