Un nuevo rumbo tomó el conflicto que persiste en la Universidad de las Américas Puebla, luego de que la mañana del 16 de julio el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajos y Juicios Federales del Poder Judicial de la Federación ordenó restituir al Patronato que encabeza Margarita Jenkins de Landa, regresar las instalaciones y reconocer a Luis Ernesto Derbez Bautista como rector.
Enrique Rodríguez Martínez, vocero de la fundación Mary Street Jenkins, explicó que, con la orden del juez, el patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, órgano desconcentrado del gobierno de Puebla, está obligado a devolver las instalaciones que tomó a partir del operativo realizado el pasado 29 de junio.
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Explicó que el juez determinó que “se detengan las cosas” durante el proceso judicial, ante lo cual, el patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla no puede mantener el control de las institución.
“El efecto de esta resolución es restitutoria e inmediata, por lo que se deberán entregar las instalaciones y cuentas bancarias de quienes ilegalmente se ostentan como miembros de un nuevo patronato, para devolver las cosas al estado en cómo se encontraban hasta antes de la intervención violenta del 29 de junio pasado”, apuntó.
Con este resolutivo, Luis Ernesto Derbez Bautista destacó que, por la vía pacífica, sin revanchas y con la orden del juez, se solicitará que las instalaciones sean devueltas a la fundación de la institución que encabeza Margarita Jenkins de Landa.
Sin embargo, el denominado nuevo patronato de la Fundación de la Udlap dio a conocer que impugnará la decisión. Rodrigo Gurza Cárdenas, representante legal del nuevo patronato, calificó como ilegal, irregular y sospechosa la suspensión dictada.
Agregó que Armando Ríos Piter se mantiene como rector de la Udlap y continuará al frente de la institución porque la decisión del juzgado no genera ningún efecto. A través de un comunicado, Gurza Cárdenas expresó que existe la Ley de Amparo que establece que la resolución del juez se puede imputar.
Incertidumbre en la comunidad universitaria
Esta disputa entre los dos patronatos ha provocado que más de 10 mil estudiantes de educación superior y posgrado se encuentren en incertidumbre respecto a qué pasará en la Udlap.
Las diferencias, al parecer, irreconciliables entre los nietos del empresario William O. Jenkins, quien creó una fundación que lleva el nombre de su esposa, Mary Street Jenkins, persisten y han provocado, incluso, que un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado se desplegara el 29 de junio, lo cual fue calificado como un hecho sin precedentes.
Por sus instalaciones, su calidad académica y sus proyectos de investigación, la Udlap es una de las pocas instituciones en México que está a la altura de las universidades de Estados Unidos y, hasta antes del conflicto actual, contaba con la acreditación plena de la a Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (Sacscoc).
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Estudiar una carrera en la universidad con sede en San Andrés Cholula cuesta más de un millón de pesos, lo cual, varía dependiendo del programa. Actualmente, más de 70 por ciento de los estudiantes cuenta con algún tipo de beca; mientras que más de 60 por ciento de la matrícula proviene de otros estados.
Por ello, el operativo fue catalogado como una ausencia de gobernanza en la Udlap y hoy el reconocimiento de la Sacscoc de Estados Unidos está en riesgo porque la calificación bajó a “Approbation”.
La Sacscoc de Estados Unidos bajó la calificación y puso en riesgo la certificación que otorga a la Udlap ante la toma de instalaciones por parte de la SSP. Al mismo tiempo, el número de aspirantes de nuevo ingreso se redujo y 200 jóvenes interesados en ingresar a la institución cancelaron su proceso ante la situación que se presenta.
Origen de la disputa
La Fundación Mary Street Jenkins es la principal benefactora de la Udlap, institución que opera a través de la Fundación Udlap. La mayor parte de los integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins, se encuentran en la Fundación de la Udlap, que es presidida por Margarita Jenkins de Landa, nieta del empresario William O. Jenkins, quien falleció en 1963.
Con una fortuna en millones de dólares, la Fundación Mary Street Jenkins fue presidida por el empresario poblano y amigo de Guillermo O Jenkins, Manuel Espinosa Yglesias, fundador de Bancomer. Espinosa Yglesias estuvo al frente de la Fundación Mary Street Jenkins hasta su muerte en el año 2000.
Después, Guillermo Jenkins Anstead, hijo de Williams O Jenkins, asumió el control de la Fundación Mary Street Jenkins y, al mismo tiempo, estuvo al frente de la Fundación Udlap, donde trabajó en la búsqueda de rectores.
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En medio de diferencias familiares y por el control de recursos, en 2013, Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia Jenkins de Landa y nieto de William O. Jenkins, fue separado de la Fundación.
En 2015, Jenkins de Landa, a través de su abogado, Carlos Serna Rodríguez, solicitó una revisión de la operación de la Fundación Jenkins, que es manejada por integrantes de su familia. Al mismo tiempo, denunció desvío de recursos e irregularidades en la fundación y acusó a su padre, Guillermo Jenkins Anstead, quien falleció en 2016; a su madre, Elodia de Landa; y a hermanos y hermanas.
Cambios a la ley para darle mayor poder a órgano del gobierno
En 2014 fueron aprobadas reformas a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Puebla. Con la reforma fue creada la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, órgano desconcentrado del gobierno estatal.
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A partir de los cambios a la ley, la Junta adquirió facultades para remover a los patronos de las instituciones cuando incurran en actos reiterados de negligencia, culpa grave o dolo en el desempeño de su cargo; cuando sean condenados por la comisión de un delito doloso; o cuando distraigan inversiones o fondos de la Institución para fines distintos a su objeto.
En la presente gestión, que encabeza Miguel Barbosa Huerta, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla decidió nombrar a un nuevo patronato para la universidad. Ante ello, los patronos de la Fundación Mary Street Jenkins se ampararon ante el Poder Judicial de la Federación, el cual este 16 de julio emitió un fallo, mismo que sus opositores ya alistan para impugnar.
La toma de instalaciones y lucha legal
El 29 de junio de este 2021, en medio de la pandemia de la covid-19, quedó marcado en la historia de la universidad. Por la mañana, elementos armados de la SSP, acompañados por miembros de la Policía Auxiliar, ingresaron al plantel universitario.
Los policías apoyaron la toma de posesión de un nuevo patronato de la Fundación Udlap, el cual, fue nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.
Con el control de las instalaciones de la Udlap, el denominado nuevo patronato de la Udlap, sin tomar en cuenta los estatutos de la institución ni el requisito de contar con el grado de doctor, nombró el 12 de julio a Armando Ríos Piter como rector. Desde entonces, inició una serie de anuncios en los cuales Ríos Piter garantizó el pago de nómina tras obtener la gestión de las cuentas bancarias de la institución, así como la continuidad de las becas para el 70 por ciento de los estudiantes y cero incrementos en las colegiaturas.
No obstante, la mañana del 16 de junio, el Consejo de la Judicatura Federal publicó la resolución del Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo civil con sede en Puebla, con la cual la justicia federal ordenó la restitución a favor del patronato que encabeza, Margarita Jenkins de Landa, y reconoció a Luis Ernesto Derbez Bautista, como rector de la Udlap.
En respuesta, el denominado nuevo patronato de la Fundación de la Udlap dio a conocer que impugnará la decisión del Poder Judicial de la Federación. De esta manera, la disputa se mantiene entre ambos patronatos sin que pronto haya una resolución final, por lo que estudiantes y egresados exigen una pronta respuesta que no empañe el estatus de alta calidad académica de la universidad.
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