Para contrarrestar la actuación del crimen organizado contra los transmigrantes es urgente que se investiguen los flujos de recursos, de lo contrario, el problema irá en aumento al igual que los abusos y las violaciones de derechos humanos.
Guillermo Yrizar Barbosa, responsable de Asuntos Migratorios en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, destacó que la población más vulnerable en tiempos de postpandemia, son las y los sin papeles, quienes se encuentran en el desempleo o realizando actividades informales que ponen en riesgo su salud.
Los migrantes que circulan por territorio mexicano provenientes de Centroamérica son víctimas de detenciones irregulares y en condiciones deplorables; además, son objeto de abusos de redes del crimen organizado.
“Es más preocupante el estado en que se encuentran los migrantes tras ser puestas a disposición de las autoridades fronterizas: mala alimentación, incomunicación externa y restricciones para asesoría legal”, apuntó.
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Señaló que, de alguna manera, el sistema económico se beneficia de la mano de obra barata e invisible ante los gobiernos de las naciones que no aplican acciones para contrarrestar el crimen organizado.
“Las personas que trabajan en el sector agrícola, de construcción y servicios son mayoritariamente latinoamericanos sin documentos de ciudadanía. En medio de la pandemia, la movilidad se encuentra demasiado restringida, por lo que el flujo entre fronteras no podría darse de manera masiva en el corto plazo”, destacó el especialista de la Ibero Puebla.
Comentó que los diferentes estudios y análisis realizados por la Ibero Puebla demuestran que los migrantes son víctimas de la violencia, quienes, en la mayoría de los casos, enfrentan la falta de protección de los derechos humanos.
“Están en aumento las quejas respecto al trato de los agentes hacia las y los migrantes, las malas condiciones inmobiliarias en los centros del Instituto Nacional de Migración, la presencia de menores de edad y la falta de asesoría para personas no hispanohablantes. Estas condiciones se acentúan con la pandemia, pues no existe el apoyo legal para deportar a los detenidos dadas las circunstancias sanitarias”, expresó.
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