La violencia de género en el sistema de justicia es una realidad ante factores de injusticia e impunidad; además, existen casos donde se presenta la tortura y se registra una carencia de perspectiva de género en el proceso.
Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, destacó que en el sistema se presenta una serie de incumplimientos de los marcos normativos nacionales e internacionales que, ya sea por omisión o por desconocimiento en el sistema de justicia, lo que genera violaciones a los derechos humanos de las mujeres implicadas.
Un ejemplo de la violencia de género en el sistema penal se presenta en el caso de Keren Ordóñez, el cual, demuestra la carente perspectiva de género del sistema de justicia mexicano, y en evidencia las prácticas inexistentes de derechos humanos.
Recordó que el 11 de diciembre de 2015 la vida de Keren Selsy Ordóñez Hernández y su hija, que para ese entonces apenas tenía unos días de nacida, cambió para convertirse en una búsqueda constante por la verdad y la justicia en un crimen que no cometió: un secuestro.
Durante la mesa de análisis “La tortura y la violencia de género en el sistema de justicia, analizando el caso de Keren Ordóñez”, organizado por la Ibero Puebla, Arrambide González expuso factores de injusticia e impunidad en el sistema de justicia.
Por su parte, Melissa Zamora Vieyra, abogada acompañante en el caso y representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Cetro Prodh), explicó que la vida de Keren se vio vulnerada incluso desde antes de su detención arbitraria, siendo víctima de violencia económica por parte de su expareja.
“Keren Ordoñez estaba convaleciente por haber dado a luz días antes. Se dirigió a un encuentro con el padre de su hija para pedir su manutención. Una vez en el domicilio, llegaron vehículos no identificados con personas armadas que procedieron a detenerla de forma arbitraria junto con su hija”, apuntó.
La defensora lamentó que, desde el primer momento, Keren fue víctima de diversas violaciones a los derechos humanos y detalló que fue golpeada, asfixiada y amenazada con hacerle daño a su hija por quienes supo después, eran policías federales y elementos de la policía ministerial de Tlaxcala.
“Keren fue amedrentada durante casi 11 horas para que se auto inculpara por el delito de secuestro. La menor fue separada de su madre desde el primer momento, y pasaron 14 días hasta que pudo encontrarse de nuevo con su familia en el Sistema Estatal DIF de Tlaxcala con heridas que eran probablemente de sarna y con una desnutrición importante, ya que ni siquiera permitieron a Keren darle de comer”, recordó.
Zamora Vieyra explicó que Keren fue discriminada en razón de género, ya que su condena fue más elevada en comparación a la de su expareja, quien cinco años después fue puesto en libertad. Keren recibió una condena de 50 años por un crimen que no cometió.
“Keren lleva siete años privada de su libertad, y hasta hace un año, no tenía acceso a una defensa digna para su caso”, añadió.
Ante el caso, en 2022, el Centro Prodh, decidió apoyar a Keren para garantizarle justicia y verdad después de una larga espera.
“Nosotros como estudiantes y mucho más las universidades y estos espacios de organización de la sociedad civil, tenemos esa responsabilidad social de continuar con estas exigencias y con estos apoyos a luchas como las de Keren, que llevan siete años sin justicia, siete años siendo víctimas del proceso penal”, finalizó.
AAC